Al menos desde 2001, en virtud de una sentencia de la Corte Constitucional (C-1172), está claro que el presidente de la República no puede utilizar a su discreción los canales de televisión abierta. En la misma línea en 2014, el Consejo de Estado precisó los requisitos formales y materiales que debían cumplir las alocuciones presidenciales.
Infortunadamente, en febrero de este año, a propósito de la trasmisión en directo por televisión del rocambolesco e histórico Consejo de Ministros, quedó en evidencia que el presidente Petro utilizaría recurrentemente el medio para su “arte de gobernar”. Como se puede verificar en la correspondiente grabación (minuto 7:02) el presidente reconoció que “se nos aburrirán muchos televidentes”. No importa; a él le parece interesante hacer en Colombia con la televisión lo que él aprendió en Cuba, en blanco y negro, según reconoció.
Después se vinieron muchas más alocuciones: regaños, añoranzas, soliloquios de historia, filosofía, lechona y folclor, ataques a la oposición. Muchos televidentes protestaron. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), entidad que tiene la obligación legal de garantizar el pluralismo informativo, expidió en marzo un comunicado de prensa en el cual sostuvo —sin razón— que no tenía competencia para enfrentar el abuso presidencial al utilizar los canales de televisión.
En contra de esa posición, el Consejo de Estado resolvió hace pocos días una acción de tutela para evitar que el presidente invada los canales de televisión y le impartió varias órdenes a la CRC. La Presidencia de la República solicitó la aclaración de la correspondiente providencia y entonces, el viernes pasado, el presidente volvió a aburrir a muchos.
Petro, a pesar de su febril presencia en las redes sociales —sin límites ni cortapisas— alega que es víctima de censura. La realidad es que los medios tradicionales siempre replican sus trinos. Por más insensatos o abusivos que sean sus mensajes, el presidente recurrentemente les impone la agenda informativa a esos medios.
La audiencia de televisión abierta tiene derecho a ver o no ver la alocución presidencial. Más allá de razones jurídicas, es un irrespeto y una falta de decoro someter a la audiencia a la diatriba y al brulote.
