La semana pasada, en la Universidad Externado de Colombia se llevó a cabo un interesante panel sobre la clasificación legal de los servicios de telecomunicaciones, a propósito de la respuesta del Consejo de Estado a una consulta que le formuló en 2015 el Ministerio de las TIC, la cual se conoció hace pocos meses e inexplicablemente se mantuvo oculta todos estos años. La cuestión en discusión es más bien bizantina; un alma en pena que recorre el sector desde hace décadas sin que las autoridades se atrevan a tomar partido. Una evidencia más de que la normatividad y la institucionalidad de las telecomunicaciones en este país se quedaron en el siglo pasado.
El evento fue también una magnífica oportunidad para conocer la posición de los representantes de Andesco, Asomóvil y CCIT frente a los retos que impone la conectividad y, en general, el rumbo que debería tomar la política pública para que Colombia logre insertarse bien en la sociedad digital. Un objetivo que está lejos de lograrse, porque no existe un plan coherente y de largo plazo.
Desde cuando las telecomunicaciones se abrieron a la competencia y a la inversión privada, el Estado ha ejecutado la política de la vaca lechera: los operadores pagan una contraprestación por la explotación económica de los servicios y la utilización de las frecuencias radioeléctricas. Parte de los recursos así obtenidos se destinan a la conectividad y a la provisión de servicios a la población más vulnerable. En este modelo somos los usuarios quienes a través de la factura mensual finalmente subsidiamos todo el esquema.
Entre los miembros del panel hubo consenso acerca de la necesidad de revisar ese modelo y, sobre todo, de la conveniencia de evaluar su racionalidad económica y beneficio social. Sin que necesariamente exista corrupción –como sucedió en el caso de Centros Poblados– puede suceder que los recursos no se estén asignando bien por el afán de cumplir políticas de corto plazo.
Los eventos que convoca cada semana el Departamento de Derecho de Telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colombia evidencian que no se necesitan grandes foros ni jornadas agotadoras para que la academia le aporte al país ideas frescas.
@jcgomez_j
La semana pasada, en la Universidad Externado de Colombia se llevó a cabo un interesante panel sobre la clasificación legal de los servicios de telecomunicaciones, a propósito de la respuesta del Consejo de Estado a una consulta que le formuló en 2015 el Ministerio de las TIC, la cual se conoció hace pocos meses e inexplicablemente se mantuvo oculta todos estos años. La cuestión en discusión es más bien bizantina; un alma en pena que recorre el sector desde hace décadas sin que las autoridades se atrevan a tomar partido. Una evidencia más de que la normatividad y la institucionalidad de las telecomunicaciones en este país se quedaron en el siglo pasado.
El evento fue también una magnífica oportunidad para conocer la posición de los representantes de Andesco, Asomóvil y CCIT frente a los retos que impone la conectividad y, en general, el rumbo que debería tomar la política pública para que Colombia logre insertarse bien en la sociedad digital. Un objetivo que está lejos de lograrse, porque no existe un plan coherente y de largo plazo.
Desde cuando las telecomunicaciones se abrieron a la competencia y a la inversión privada, el Estado ha ejecutado la política de la vaca lechera: los operadores pagan una contraprestación por la explotación económica de los servicios y la utilización de las frecuencias radioeléctricas. Parte de los recursos así obtenidos se destinan a la conectividad y a la provisión de servicios a la población más vulnerable. En este modelo somos los usuarios quienes a través de la factura mensual finalmente subsidiamos todo el esquema.
Entre los miembros del panel hubo consenso acerca de la necesidad de revisar ese modelo y, sobre todo, de la conveniencia de evaluar su racionalidad económica y beneficio social. Sin que necesariamente exista corrupción –como sucedió en el caso de Centros Poblados– puede suceder que los recursos no se estén asignando bien por el afán de cumplir políticas de corto plazo.
Los eventos que convoca cada semana el Departamento de Derecho de Telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colombia evidencian que no se necesitan grandes foros ni jornadas agotadoras para que la academia le aporte al país ideas frescas.
@jcgomez_j