En 2010 el proceso de licitación del tercer canal que adelantaba la desaparecida Comisión Nacional de Televisión (CNTV) se frustró debido a los múltiples vicios en los cuales incurrió dicha entidad. Fueron tan protuberantes que una sentencia del Consejo de Estado en 2014 declaró que la CNTV vulneró la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público y actuó en contra de los fines estatales de la concesión y del servicio público.
Mientras existió la CNTV, según la Constitución Política, era autónoma e independiente del gobierno, pero en realidad los presidentes Santos, Uribe, Pastrana y Samper impusieron su voluntad en el manejo de la televisión, algunas veces de manera arbitraria y sin transparencia.
El trino del senador Uribe en el sentido de que el gobierno de Iván Duque “manejará con trasparencia las concesiones de televisión”, además de desafortunado por el sabor a amenaza e intromisión en el fuero presidencial, nos recuerda, cualquiera sea el próximo presidente de la República, la espada de Damocles que pende sobre las empresas de radio y televisión que requieren frecuencias de radio y televisión.
El proceso de asignación de esas frecuencias siempre ha navegado en un mar azaroso plagado de discrecionalidad; terreno fértil para el revanchismo o el amiguismo. Es una amenaza que en muchas partes del mundo acecha a los medios de comunicación cuya existencia depende de licencias otorgadas por el Estado.
Así Chávez y Maduro desaparecieron a las empresas periodísticas que no se les arrodillaron. Por esa misma vía, pero en sentido contrario, Trump le está facilitando su expansión a Sinclair Broadcast Group, el mayor concesionario de frecuencias de televisión en Estados Unidos, aliado incondicional del presidente y tribuna de la extrema derecha.
En Colombia el escenario podría ser peor si llegara a ser ley el proyecto del actual gobierno para crear la tal Comisión de Comunicaciones, omnímodo entuerto con el cual se diluiría aún más la responsabilidad jurídica y política en el manejo de los medios. Se necesita más bien una seria y profunda reforma legal que atenúe el riesgo de arbitrariedad en la concesión de frecuencias de radio y televisión y les permita a los medios tradicionales competir en el escenario de la convergencia audiovisual.
@jcgomez_j
En 2010 el proceso de licitación del tercer canal que adelantaba la desaparecida Comisión Nacional de Televisión (CNTV) se frustró debido a los múltiples vicios en los cuales incurrió dicha entidad. Fueron tan protuberantes que una sentencia del Consejo de Estado en 2014 declaró que la CNTV vulneró la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público y actuó en contra de los fines estatales de la concesión y del servicio público.
Mientras existió la CNTV, según la Constitución Política, era autónoma e independiente del gobierno, pero en realidad los presidentes Santos, Uribe, Pastrana y Samper impusieron su voluntad en el manejo de la televisión, algunas veces de manera arbitraria y sin transparencia.
El trino del senador Uribe en el sentido de que el gobierno de Iván Duque “manejará con trasparencia las concesiones de televisión”, además de desafortunado por el sabor a amenaza e intromisión en el fuero presidencial, nos recuerda, cualquiera sea el próximo presidente de la República, la espada de Damocles que pende sobre las empresas de radio y televisión que requieren frecuencias de radio y televisión.
El proceso de asignación de esas frecuencias siempre ha navegado en un mar azaroso plagado de discrecionalidad; terreno fértil para el revanchismo o el amiguismo. Es una amenaza que en muchas partes del mundo acecha a los medios de comunicación cuya existencia depende de licencias otorgadas por el Estado.
Así Chávez y Maduro desaparecieron a las empresas periodísticas que no se les arrodillaron. Por esa misma vía, pero en sentido contrario, Trump le está facilitando su expansión a Sinclair Broadcast Group, el mayor concesionario de frecuencias de televisión en Estados Unidos, aliado incondicional del presidente y tribuna de la extrema derecha.
En Colombia el escenario podría ser peor si llegara a ser ley el proyecto del actual gobierno para crear la tal Comisión de Comunicaciones, omnímodo entuerto con el cual se diluiría aún más la responsabilidad jurídica y política en el manejo de los medios. Se necesita más bien una seria y profunda reforma legal que atenúe el riesgo de arbitrariedad en la concesión de frecuencias de radio y televisión y les permita a los medios tradicionales competir en el escenario de la convergencia audiovisual.
@jcgomez_j