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16 May 2022 - 2:00 a. m.

Las redes sociales atrapadas

En septiembre del año pasado, una ley estatal de Texas prohibió a las redes sociales con más de cincuenta millones de usuarios bloquear, suprimir o modificar los contenidos que se suban a sus plataformas. Dicha legislación —nada extraña en un estado republicano— buscaba proteger a los más conservadores, quienes no admiten que las redes sociales interfieran con sus contenidos, así sean falsos o puedan ser considerados sexistas, de odio o discriminatorios. Sin embargo, en diciembre una decisión judicial dictó una medida cautelar sobre dicha ley, con el argumento de que la Primera Enmienda permite a las redes sociales decidir si publican o no un determinado contenido, o castigar a un usuario, como lo hicieron con Trump tras la toma del Capitolio en enero de 2021.

La semana pasada, una Corte de apelación —a solicitud del recalcitrante fiscal general de Texas— revocó esa medida cautelar. La consecuencia es que plataformas como Twitter, Facebook y YouTube no podrán bajar contenidos ni negarle acceso a ningún usuario, salvo excepciones taxativas. Así, en la práctica, las grandes redes sociales quedan convertidas en un muro en el que se puede “pintar” casi todo, aun noticias falsas, desinformación, mensajes de odio, spam o causas éticamente reprochables.

Este caso de la ley de Texas es un ejemplo más de la cotidiana zozobra que padecen las plataformas tecnológicas y sus usuarios. El marco regulatorio es inestable, los vacíos normativos son infinitos y las decisiones judiciales generalmente carecen de sustento técnico, son politizadas, caprichosas y contradictorias. En medio de esa precariedad, la interacción con las plataformas es decisiva en la vida personal, las relaciones sociales, los conflictos económicos y políticos y el destino mismo de la humanidad.

En Colombia, como en casi todos los países, ya es habitual que los gobernantes ejerzan sus funciones a través de Twitter: nombramientos, medidas de orden público, apertura de investigaciones, sanciones, etc. En muchos casos esa odiosa práctica podría estar en contra del debido proceso, el derecho a la intimidad y otras garantías constitucionales. La apariencia de eficiencia y el espectáculo deben esperar; quienes nos gobiernan no pueden comportarse como influencers.

@jcgomez_j

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