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Faltan apenas diez meses para el 31 de mayo, cuando se tiene prevista la elección del presidente y vicepresidente de la República, de acuerdo con el calendario electoral. Entretanto, como nunca en la historia de Colombia, se tensarán las instituciones para soportar los extremos de las fuerzas políticas. En medio de la zozobra y el vértigo, todo dependerá de decisiones del Congreso de la República, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Fiscalía, la Procuraduría y de la reacción de Petro frente a lo que no le favorezca.
Será una cuestión de tempo. La sentencia de la Corte Constitucional (SU-277 de 2025) es una evidencia más de la necesidad de que la rama Jurisdiccional utilice oportunamente las herramientas institucionales para frenar los abusos del poder político. En esta sentencia la Corte declaró que la Superintendencia de Salud violó el debido proceso al ordenar, en abril de 2024, la toma de posesión de EPS Sanitas. En su momento la afectada demandó ante el Consejo de Estado la nulidad del correspondiente acto administrativo y solicitó su suspensión provisional. Sin embargo, al cabo del tiempo esa acción no tuvo ningún efecto, pues se quedó atrapada en el alud de procesos que agobian a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Por esa razón la Corte Constitucional, vía tutela, en la referida sentencia decidió dejar sin efectos la toma de posesión de Sanitas. Valga destacar que entre sus motivaciones esta corporación advirtió que la Superintendencia de Salud “puso en juego el respeto por la autoridad judicial (…) y la eficacia y vigencia real de la Constitución (…) pues no atendió el deber de cumplimiento al que está compelido todo destinatario de una orden judicial”.
Esta providencia es seria y fundamentada. Fue aprobada por una mayoría de ocho a uno y de ninguna manera es un acto de oposición al Gobierno. El único voto en contra es del magistrado Vladimir Fernández, quien antes tuvo a su cargo la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.
Ojalá más temprano que tarde se sigan tomando determinaciones judiciales que protejan a los ciudadanos y garanticen el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales.
