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El 8 de enero de 2021, Facebook y Twitter (hoy X) cancelaron la cuenta del entonces presidente Donald Trump por dos trinos calificados como glorificación de la violencia. La desconexión fue inocua. Ya la masa enardecida había destrozado en el Capitolio todo lo que pudo.
Desde entonces en EE. UU. se ha planteado un profundo debate constitucional: ¿las redes sociales pueden desactivar a un usuario cuando consideren que sus mensajes generan daño? Muchos militantes del partido republicano —incluido Trump— consideran que esas plataformas ejercen censura y que no pueden decir a su capricho lo que sus usuarios pueden “subir”.
En 2021, Florida y Texas —estados mayoritariamente republicanos— expidieron sendas leyes estatales que restringen el derecho de las redes sociales a moderar los contenidos. La ley de Florida fue suspendida por un tribunal de apelación. En el caso de Texas su ley sí fue avalada por otro tribunal. El asunto (NetChoice vs. Paxton) será dirimido por la Corte Suprema. Posiblemente este órgano de mayoría conservadora —invocando la Primera Enmienda (libertad de expresión)— decida que los estados federales sí pueden expedir legislación que impida que las redes sociales bloqueen determinados mensajes. La respectiva sentencia tendrá un gran impacto. En ese país y en casi todo el mundo la política sucede en las redes, lo cual evidencia lo desvencijados que están los goznes de la democracia.
Por supuesto, las redes sociales prefieren ser sus propios policías. Históricamente, han alegado que tienen derecho a suprimir los contenidos que consideren inadecuados. Al mismo tiempo, se amparan en la famosa Sección 230 para sostener que no están obligados a responder por lo que postean sus usuarios.
Valga recordar que, en noviembre de 2019, en pleno estallido social, Twitter suspendió por dos días la cuenta del expresidente Álvaro Uribe por transgredir las políticas de información personal. Más allá del sesgo ideológico, lo cierto es que no existen reglas previsibles, consistentes ni oportunas frente a los contenidos de las redes sociales. Esta situación es insostenible y tarde o temprano la jurisprudencia y la legislación tendrán que reaccionar frente a la realidad de que buena parte del acontecer político está en manos de Meta, YouTube, X y TikTok.