La semana pasada se anunció que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, atrapado en su laberinto, demandaría a Netflix por difamación. La razón: la serie El mecanismo, inspirada en la operación "Lava Jato", el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, por el cual Lula fue condenado y está ad portas de la cárcel.
Entre las varias razones del éxito de Netflix está la de no depender de concesiones estatales y ofrecer series y documentales que reflejan polémicas realidades que la televisión abierta o incluso la televisión cerrada no presentarían en muchos países, pues prefieren ser políticamente correctos, por temor a represalias gubernamentales o a la velada censura que a veces ejercen los grandes anunciantes.
Netflix y, en general, la oferta audiovisual en internet (OTT), abren una infinita posibilidad de contenidos que de otra forma nunca habrían llegado al gran público. Una de las últimas novedades viene desde las montañas de Oregon. Es el documental sobre el gurú Bhagwan Shree Rajneesh quien, en su paraíso de sexo y drogas y a bordo de uno de sus 93 Rolls-Royce, desfila a diario entre la hilaridad de sus fanáticos seguidores, mientras las autoridades buscan cómo incriminarlo.
A propósito: una vez más hay que advertir que la única posibilidad de que la televisión tradicional pueda competirles a las OTT es que se liberen las cargas regulatorias que la agobian. Este gobierno fue irresponsable y nunca lo entendió. En lugar de promover un serio y profundo cambio normativo en materia de convergencia audiovisual, se conformó con un proyecto legislativo cosmético e inconveniente que le otorgaría al presidente de la República peligrosas facultades extraordinarias para legislar.
Sorprende que el gobierno Santos en su ocaso solicite el trámite de urgencia para acelerar ese proyecto que no se necesita y aportaría casi nada. ¿En estos días de contienda electoral alguien se va a tomar el trabajo de estudiarlo seriamente? El proyecto, meramente burocrático, no contiene ninguna medida de fondo que actualice el ordenamiento jurídico colombiano frente a las nuevas realidades de la industria audiovisual y los retos de la convergencia. Inexplicablemente favorece a unas empresas e ignora a otras, en contra de la industria nacional de televisión. ¡Archívese!
@jcgomez_j
La semana pasada se anunció que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, atrapado en su laberinto, demandaría a Netflix por difamación. La razón: la serie El mecanismo, inspirada en la operación "Lava Jato", el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, por el cual Lula fue condenado y está ad portas de la cárcel.
Entre las varias razones del éxito de Netflix está la de no depender de concesiones estatales y ofrecer series y documentales que reflejan polémicas realidades que la televisión abierta o incluso la televisión cerrada no presentarían en muchos países, pues prefieren ser políticamente correctos, por temor a represalias gubernamentales o a la velada censura que a veces ejercen los grandes anunciantes.
Netflix y, en general, la oferta audiovisual en internet (OTT), abren una infinita posibilidad de contenidos que de otra forma nunca habrían llegado al gran público. Una de las últimas novedades viene desde las montañas de Oregon. Es el documental sobre el gurú Bhagwan Shree Rajneesh quien, en su paraíso de sexo y drogas y a bordo de uno de sus 93 Rolls-Royce, desfila a diario entre la hilaridad de sus fanáticos seguidores, mientras las autoridades buscan cómo incriminarlo.
A propósito: una vez más hay que advertir que la única posibilidad de que la televisión tradicional pueda competirles a las OTT es que se liberen las cargas regulatorias que la agobian. Este gobierno fue irresponsable y nunca lo entendió. En lugar de promover un serio y profundo cambio normativo en materia de convergencia audiovisual, se conformó con un proyecto legislativo cosmético e inconveniente que le otorgaría al presidente de la República peligrosas facultades extraordinarias para legislar.
Sorprende que el gobierno Santos en su ocaso solicite el trámite de urgencia para acelerar ese proyecto que no se necesita y aportaría casi nada. ¿En estos días de contienda electoral alguien se va a tomar el trabajo de estudiarlo seriamente? El proyecto, meramente burocrático, no contiene ninguna medida de fondo que actualice el ordenamiento jurídico colombiano frente a las nuevas realidades de la industria audiovisual y los retos de la convergencia. Inexplicablemente favorece a unas empresas e ignora a otras, en contra de la industria nacional de televisión. ¡Archívese!
@jcgomez_j