La semana el Congreso de la República aprobó una ley para regular el uso de herramientas tecnológicas en los establecimientos educativos. La prensa lo anuncia como un proyecto para limitar el uso de los teléfonos celulares en los colegios de Colombia. La verdad no es gran cosa ante el tamaño de la tragedia social que implica la dependencia de los menores de edad a la tecnología digital.
A fuerza de acuerdos de convivencia escolar y reglamentaciones del Ministerio de Educación se logrará muy poco. De nada sirve el relativo control en los salones de clase ante el constante asedio que padecen los menores en las redes sociales. A duras penas tienen tiempo de conciliar el sueño. No se puede simplificar el asunto como si se tratara simplemente de una adicción. Existen evidencias de grave negligencia e, incluso, deliberada manipulación por parte de algunas empresas de tecnología.
En Estados Unidos once fiscales federales han iniciado procesos judiciales en contra de Meta (Facebook) por promover y exacerbar el uso de Instagram, a pesar de conocer que ocasiona graves daños mentales y emocionales. Según lo cita el New York Tomes, la fiscal de Massachusetts acusa a esta compañía —que cuenta con más de 1.300 millones de usuarios— de poner sus intereses comerciales por encima de la salud de los menores.
Desde que apenas tienen uso de razón las nuevas generaciones ya están expuestas a mensajes de odio y discriminación a través de las redes sociales. Las tres y cuatro horas promedio de exposición son una mina de oro para la venta de productos y servicios.
En Estados Unidos aún no está claro que las acciones judiciales y las medidas de los congresistas en contra de la violación de los derechos de los menores surtan algún efecto en el corto plazo.
En Colombia la normatividad y las instituciones del sector son demasiado débiles frente al daño que se les está causando a los niños y jóvenes. Carmen Ligia Valderrama, ministra de las TIC —experta en la protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones— tiene una gran oportunidad para diseñar y aplicar políticas que sirvan realmente para enfrentar este flagelo.
@jcgomez_j
La semana el Congreso de la República aprobó una ley para regular el uso de herramientas tecnológicas en los establecimientos educativos. La prensa lo anuncia como un proyecto para limitar el uso de los teléfonos celulares en los colegios de Colombia. La verdad no es gran cosa ante el tamaño de la tragedia social que implica la dependencia de los menores de edad a la tecnología digital.
A fuerza de acuerdos de convivencia escolar y reglamentaciones del Ministerio de Educación se logrará muy poco. De nada sirve el relativo control en los salones de clase ante el constante asedio que padecen los menores en las redes sociales. A duras penas tienen tiempo de conciliar el sueño. No se puede simplificar el asunto como si se tratara simplemente de una adicción. Existen evidencias de grave negligencia e, incluso, deliberada manipulación por parte de algunas empresas de tecnología.
En Estados Unidos once fiscales federales han iniciado procesos judiciales en contra de Meta (Facebook) por promover y exacerbar el uso de Instagram, a pesar de conocer que ocasiona graves daños mentales y emocionales. Según lo cita el New York Tomes, la fiscal de Massachusetts acusa a esta compañía —que cuenta con más de 1.300 millones de usuarios— de poner sus intereses comerciales por encima de la salud de los menores.
Desde que apenas tienen uso de razón las nuevas generaciones ya están expuestas a mensajes de odio y discriminación a través de las redes sociales. Las tres y cuatro horas promedio de exposición son una mina de oro para la venta de productos y servicios.
En Estados Unidos aún no está claro que las acciones judiciales y las medidas de los congresistas en contra de la violación de los derechos de los menores surtan algún efecto en el corto plazo.
En Colombia la normatividad y las instituciones del sector son demasiado débiles frente al daño que se les está causando a los niños y jóvenes. Carmen Ligia Valderrama, ministra de las TIC —experta en la protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones— tiene una gran oportunidad para diseñar y aplicar políticas que sirvan realmente para enfrentar este flagelo.
@jcgomez_j