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28 Nov 2022 - 2:00 a. m.

Mientras llega la ley están los jueces

Ha sido imposible que el Congreso de los Estados Unidos expida una legislación para regular el inmenso poder de los gigantes tecnológicos (Big Tech) y los retos que ello impone a la libertad individual, los derechos de los consumidores, la economía y el ejercicio del poder político. Las iniciativas legislativas más audaces se han frenado por la falta de consenso entre los partidos y la efectividad del cabildeo de las empresas.

El presidente Biden ya está por llegar a la mitad de su mandato y todavía no se ven grandes resultados en su promesa de campaña de poner en cintura a esos gigantes. Ni siquiera con el ímpetu de Lina Kahn, brillante presidenta de la Comisión Federal de Comercio, se han logrado resolver los grandes casos antimonopolio y seguramente se tardarán muchos años.

Mientras que las leyes y las acciones federales se toman su tiempo, muchos Estados han logrado significativos avances frente a la Big Tech. Hace pocas semanas una coalición de cuarenta Estados concilió con Google una disputa judicial contra esta empresa por la violación de la privacidad de sus usuarios. El histórico acuerdo comprende un pago de casi US$400 millones y una obligación de transparencia en el uso de los datos a través de sus motores de búsqueda y las herramientas de geolocalización.

A propósito de decisiones judiciales sobre la tensión de derechos individuales y la libertad de información, recientemente Global Freedom of Expression, de la Universidad de Columbia, publicó un magnífico documento sobre el derecho al olvido en internet. Con la codirección de la jurista colombiana Catalina Botero-Marino, a partir del famoso caso Costeja, se hace un recuento de la jurisprudencia sobre la materia en varios países.

Esos pronunciamientos judiciales demuestran que las decisiones de las cortes en asuntos tecnológicos pueden resultar más efectivas que la regulación ex-ante y las órdenes del poder Ejecutivo. Precisamente, de ahí la trascendencia de que los jueces mantengan su independencia del poder político y se doten de los conocimientos necesarios al resolver casos de los que depende en buena parte el futuro de la democracia.

@jcgomez_j

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