En Colombia se han frustrado todos los intentos de regular la actividad del lobby. Por tal razón, a diferencia de países como Estados Unidos, en donde incluso existe la obligación de informar lo que se paga por esa actividad, en nuestro país ni siquiera se conoce formalmente quiénes y con qué propósito se acercan a los legisladores en su labor de cabildeo. Solo cuando se expiden las leyes se revela el resultado del trabajo de sastrería en el Congreso. Lo reprochable no es solo que se legisle a favor de alguien, sino que se quiera hacer creer a la opinión pública que se está preservando el bienestar general.
En varias normas de la nueva Ley TIC (1978 de 2019), promulgada la semana pasada, es evidente la labor de quienes defendían intereses particulares, no necesariamente ilegítimos, pero que han debido revelarse y discutirse de manera abierta y trasparente. Sin embargo, el afán no dejó decantar la conveniencia de muchas de las nuevas disposiciones. Ya habrá tiempo para analizarlas.
Por lo pronto, hay que advertir el riesgo de que se dilapiden recursos públicos en medio de la calamitosa situación fiscal que capotea el ministro Carrasquilla. En los últimos años, el Fondo TIC gastó cientos de miles de millones de pesos supuestamente para cerrar la brecha digital. No sucedió. La nueva ley creó otro fondo con el que prometen que ahora sí se va a lograr. Sin embargo, el cúmulo de funciones de ese fondo hace temer que la dispersión de objetivos nos llevará al reino de la improvisación y el despilfarro. Hay que evitar a toda costa que la plata del nuevo fondo se malgaste en microproyectos, aquí y allá, que no conducirán al país a la tierra prometida de la sociedad digital.
Tema no menos delicado para las finanzas públicas es la posibilidad de que el Ministerio de las TIC acepte que los operadores de telecomunicaciones paguen la contraprestación económica por la utilización del espectro radioeléctrico mediante obligaciones de hacer. Por lo pronto, no es conveniente. La entidad no tiene la fortaleza institucional necesaria para diseñar y controlar con oportunidad y eficiencia los proyectos sociales que se ejecuten mediante obligaciones de hacer.
@jcgomez_j
En Colombia se han frustrado todos los intentos de regular la actividad del lobby. Por tal razón, a diferencia de países como Estados Unidos, en donde incluso existe la obligación de informar lo que se paga por esa actividad, en nuestro país ni siquiera se conoce formalmente quiénes y con qué propósito se acercan a los legisladores en su labor de cabildeo. Solo cuando se expiden las leyes se revela el resultado del trabajo de sastrería en el Congreso. Lo reprochable no es solo que se legisle a favor de alguien, sino que se quiera hacer creer a la opinión pública que se está preservando el bienestar general.
En varias normas de la nueva Ley TIC (1978 de 2019), promulgada la semana pasada, es evidente la labor de quienes defendían intereses particulares, no necesariamente ilegítimos, pero que han debido revelarse y discutirse de manera abierta y trasparente. Sin embargo, el afán no dejó decantar la conveniencia de muchas de las nuevas disposiciones. Ya habrá tiempo para analizarlas.
Por lo pronto, hay que advertir el riesgo de que se dilapiden recursos públicos en medio de la calamitosa situación fiscal que capotea el ministro Carrasquilla. En los últimos años, el Fondo TIC gastó cientos de miles de millones de pesos supuestamente para cerrar la brecha digital. No sucedió. La nueva ley creó otro fondo con el que prometen que ahora sí se va a lograr. Sin embargo, el cúmulo de funciones de ese fondo hace temer que la dispersión de objetivos nos llevará al reino de la improvisación y el despilfarro. Hay que evitar a toda costa que la plata del nuevo fondo se malgaste en microproyectos, aquí y allá, que no conducirán al país a la tierra prometida de la sociedad digital.
Tema no menos delicado para las finanzas públicas es la posibilidad de que el Ministerio de las TIC acepte que los operadores de telecomunicaciones paguen la contraprestación económica por la utilización del espectro radioeléctrico mediante obligaciones de hacer. Por lo pronto, no es conveniente. La entidad no tiene la fortaleza institucional necesaria para diseñar y controlar con oportunidad y eficiencia los proyectos sociales que se ejecuten mediante obligaciones de hacer.
@jcgomez_j