La dismorfia corporal es una patología consistente en que la propia persona tiene una exagerada preocupación por supuestos defectos en su apariencia física. Esta condición psicológica y muchos otros daños irreversibles crecen en una proporción geométrica a medida que los niños y jóvenes se vuelven adictos a las redes sociales.
Las Big Tech que explotan estas plataformas en Estados Unidos han logrado evadir su responsabilidad por los contenidos que “suben” sus usuarios. La Sección 230 de la Ley de Telecomunicaciones de 1996 les otorga una especie de inmunidad con fundamento en la libertad de expresión (Primera Enmienda). Solo es responsable quien crea el contenido.
Después de 30 años, ese blindaje empieza a fisurarse. Actualmente, se adelanta en una corte de Los Ángeles el caso conocido como K.G.M. vs. Meta, basado en acusaciones de una joven de 20 años, quien afirma que el uso ininterrumpido de las redes sociales durante su infancia le causó ansiedad, depresión y dismorfia corporal. No es simplemente una demanda más contra las Big Tech. Lo novedoso en este caso es que no se reprocha el contenido mismo, sino el diseño de las plataformas; se imputa una especie de responsabilidad por el producto al ofrecer prestaciones adictivas como el scroll infinito y sus algoritmos.
La joven K.G.M. ya concilió con TikTok y Snapchat. Mark Zuckerberg —CEO de Meta, controlante de Instagram y Facebook— y Adam Mosseri —CEO de Instagram— ya subieron al estrado para defender el funcionamiento de sus plataformas. Esperemos que esta vez no sea como hace dos años, cuando unas melifluas disculpas de Zuckerberg fueron suficientes para apagar el fuego.
El caso de K.G.M. es un bellwether trial, tal como se conoce en el derecho estadounidense un proceso piloto escogido estratégicamente para anticipar cómo reaccionará un jurado frente a una teoría jurídica común a muchos casos similares; en este contexto, evaluar los daños atribuidos al diseño de redes sociales. Lo que llegue a suceder seguramente tendrá impacto en las iniciativas legislativas que se adelantan en países como Francia, Portugal y España para prohibir que los menores de edad utilicen las redes sociales.
