Millones de jóvenes de la generación Z (nacidos entre 1997 y 2012) padecen daños irreversibles e irreparables. Los smartphones conectados a internet de alta velocidad y las aplicaciones de redes sociales crearon una infancia atrapada en los terminales móviles. Sus efectos son devastadores: privación social, falta de sueño, fragmentación de la atención y adicción. Es sorprendente la indolencia de los legisladores a nivel mundial durante tantos años. Afortunadamente se vienen cambios que pueden salvar a la próxima generación.
Desde 2025 la legislación en Australia prohíbe que los menores de 16 años utilicen las redes sociales más peligrosas. En el mismo sentido avanzan otros países.
En Estados Unidos no ha sido posible que la legislación federal enfrente la problemática. Mientras tanto los jueces empiezan a reaccionar con severidad. La semana pasada en el estado de Nuevo México se profirió una sentencia contra Meta (Instagram, Facebook, WhatsApp y Threads) que puede ser tan histórica como la primera que se dictó contra las tabacaleras a finales de los años 90. Además de que la compañía resultó condenada a pagar casi 1.000 millones de dólares, el juez Bryan Biedscheid consideró que Meta es una amenaza pública; un problema de salud y seguridad tan extendido que afecta negativamente al conjunto de la sociedad. Vendrán la apelación y la eventual intervención de la Suprema Corte que pueden cambiar el sentido del fallo.
En Colombia hace dos semanas al comienzo de esta legislatura se radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley inspirado en la legislación de Australia de 2025. En el mismo sentido hubo uno en 2024 que no logró avanzar. Esperemos que en esta oportunidad se le dé prioridad y que el ministerio de salud le ponga atención, al fin y al cabo se trata de enfrentar una pandemia. Los congresistas que ha promovido estas iniciativas legislativas pertenecen al Centro Democrático. Ello no deber ser razón para entrabar el trámite. Ante la gravedad del fenómeno, no hay lugar para la mezquindad y las rencillas políticas.
Mientras tanto campea la CRC, aferrada a una regulación del siglo pasado, pontificando y controlando los contenidos de la televisión abierta. Un insólito desperdicio.
