El presidente de la República tiene una ventaja que nunca tendrán la rama Legislativa ni la Judicial. A través de las redes sociales (X principalmente), a cada instante, en los días festivos, en la madrugada, el presidente se pronuncia y gobierna. No son actos administrativos, pero su incesante presencia tiene contundentes efectos políticos, económicos y jurídicos.
Antes los discursos y la correspondencia de los gobernantes eran fuente formidable de la historia política de un país. Hoy en día habrá que acudir a miles de trinos, los cuales por fortuna no se pueden esconder.
En el ejercicio del poder público ninguna rama tiene primacía. La Constitución Política establece que cada uno de los órganos del Estado tiene funciones diferentes pero colaborarán armónicamente para la realización de sus fines. La verdad es que en medio de la convulsionada realidad política que estremece a Colombia, no existe ninguna armonía; todo lo contrario.
Mientas que el presidente discursea y el Congreso de la República —en retaliación al maltrato que reprocha— se resiste al trámite fluido de los proyectos de ley, la rama jurisdiccional se percibe más serena, como debe ser. Ya actuará en su momento para preservar el orden constitucional y garantizar los derechos de los ciudadanos. Con tal fin existen por lo menos dos herramientas novedosas.
En marzo de 2023 la Corte Constitucional (auto 272) declaró que en casos excepcionales, frente a una norma manifiestamente incompatible con la Constitución que pueda producir efectos irremediables o que lleve a eludir el control de constitucionalidad, se pueden adoptar medidas excepcionales con el fin de impedir la producción de efectos del acto objeto de control. Este mecanismo excepcional nunca se ha utilizado, pero está concebido y se utilizará cuando sea menester. Por su parte el Consejo de Estado, también en marzo de 2023, en apenas pocos días decretó medida cautelar de urgencia en contra de un decreto presidencial.
Confiados en el rigor jurídico de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, la utilización de esas herramientas permitirá que las aguas vuelvan a su cauce. Esa es la realización del Estado de derecho que los funcionarios públicos juraron defender cuando se posesionan en sus cargos.
@jcgomez_j
El presidente de la República tiene una ventaja que nunca tendrán la rama Legislativa ni la Judicial. A través de las redes sociales (X principalmente), a cada instante, en los días festivos, en la madrugada, el presidente se pronuncia y gobierna. No son actos administrativos, pero su incesante presencia tiene contundentes efectos políticos, económicos y jurídicos.
Antes los discursos y la correspondencia de los gobernantes eran fuente formidable de la historia política de un país. Hoy en día habrá que acudir a miles de trinos, los cuales por fortuna no se pueden esconder.
En el ejercicio del poder público ninguna rama tiene primacía. La Constitución Política establece que cada uno de los órganos del Estado tiene funciones diferentes pero colaborarán armónicamente para la realización de sus fines. La verdad es que en medio de la convulsionada realidad política que estremece a Colombia, no existe ninguna armonía; todo lo contrario.
Mientas que el presidente discursea y el Congreso de la República —en retaliación al maltrato que reprocha— se resiste al trámite fluido de los proyectos de ley, la rama jurisdiccional se percibe más serena, como debe ser. Ya actuará en su momento para preservar el orden constitucional y garantizar los derechos de los ciudadanos. Con tal fin existen por lo menos dos herramientas novedosas.
En marzo de 2023 la Corte Constitucional (auto 272) declaró que en casos excepcionales, frente a una norma manifiestamente incompatible con la Constitución que pueda producir efectos irremediables o que lleve a eludir el control de constitucionalidad, se pueden adoptar medidas excepcionales con el fin de impedir la producción de efectos del acto objeto de control. Este mecanismo excepcional nunca se ha utilizado, pero está concebido y se utilizará cuando sea menester. Por su parte el Consejo de Estado, también en marzo de 2023, en apenas pocos días decretó medida cautelar de urgencia en contra de un decreto presidencial.
Confiados en el rigor jurídico de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, la utilización de esas herramientas permitirá que las aguas vuelvan a su cauce. Esa es la realización del Estado de derecho que los funcionarios públicos juraron defender cuando se posesionan en sus cargos.
@jcgomez_j