Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Ley 2195 —una ley más para prevenir y luchar contra la corrupción— es desafortunada por su contenido y porque su expedición, la semana pasada, coincidió con dos escándalos que surgieron en los salones de la Casa de Nariño.
Extensa y farragosa, esta ley no será una solución; hará aún más obstructiva la relación de los ciudadanos con el Estado, caldo de cultivo de la corrupción. Este es uno de los peores flagelos, pero, no ha sido por falta de incisos y parágrafos. Eso sí; la nueva norma merece un lugar destacado en los anales de cómo no legislar. Veamos algunas razones, escogidas al azar.
Primero, se obliga a los particulares a adoptar los programas de trasparencia y ética empresarial que se quiera inventar cualquier superintendencia (artículo 9). Segundo, se crea un “observatorio anticorrupción” para generar más documentos y normas (artículo 14). Tercero, en el artículo 17 se les impone a los establecimientos educativos de todos los niveles elegir a un contralor estudiantil, quien, entre otras tareas, tendrá la de “divulgar, promover y fomentar los mecanismos de control y vigilancia… de los recursos públicos”.
¿Tiene sentido hacerles perder el tiempo a los muchachos en lugar de dedicarse a estudiar filosofía, aprender programación o un segundo idioma? ¿No será mejor pedagogía el buen ejemplo que deberían dar los funcionarios de todos los niveles de la administración pública? ¿Acaso esperan que el contralor estudiantil pueda evitar que los contratistas no suministren los alimentos escolares o que estos lleguen putrefactos a las aulas?
Por último, no podía faltar el mico: en el artículo 67 se dispone que la Superintendencia de Industria y Comercio agravará las penas contra el sancionado si este presenta “solicitudes que sean evidentemente improcedentes”, según le parezca caprichosamente a la entidad. Esta embuchada violación al derecho de defensa en una ley anticorrupción no debería pasar el examen en la Corte Constitucional.
No importa quién fue el autor intelectual de la Ley 2195. Lamentable que se tramite y expida una norma que no se necesita mientras el país navega en el arequipe de la corrupción. Legislar así —y ya para terminar— es tocar la lira mientras se incendia Roma.
@jcgomez_j
