Es inaudito. Están por cumplirse 20 años de operación del servicio de telefonía móvil celular en Colombia y aún no existe certeza sobre el efecto que tienen en la salud humana las radiaciones de las antenas de telefonía celular.
Es verdad que a nivel mundial no existe consenso, pero, frente a la incertidumbre, las mejores prácticas en todo caso aconsejan la máxima previsión.
En el país el marco normativo es laxo y por lo mismo propicia la indeterminación en tan delicado asunto. En 2005 se expidió un decreto del gobierno nacional sobre los límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos. Este decreto le imponía a la generalidad de los operadores realizar mediciones con el fin de asegurar que las emisiones de telecomunicaciones no afectaran la salud. Sin embargo, a los pocos meses una resolución del entonces Ministerio de Comunicaciones exceptuó de esas obligaciones a los operadores móviles. Según dicha resolución —aún vigente—, los campos electromagnéticos que emiten esos operadores “cumplen con los límites de exposición y no son necesarias precauciones particulares”.
Después de tantos años y ante la proliferación de antenas —muchas de ellas instaladas en los techos de edificaciones de vivienda—, esa suposición de cumplimiento tiene que ser verificada seriamente. Valga recordar que a fines de 2012 la Corte Constitucional (sentencia T-1077) tomó varias determinaciones; entre ellas ordenó desmontar una antena de telefonía celular con el fin de proteger la salud de una menor enferma de cáncer.
Desde hace meses está tratando de levantar vuelo en el Congreso de la República un proyecto con el fin de llenar los vacíos normativos respecto de la instalación, despliegue y medición de la infraestructura de comunicaciones inalámbricas. Lamentablemente, al parecer fuerzas musculosas han logrado cortarle las alas a esa sana iniciativa legislativa. Este proyecto requiere un firme apoyo de la opinión pública, pues va en la senda que ordenó seguir la Corte Constitucional en la mencionada sentencia.
El gremio de los operadores celulares anunció que llegará pronto un gurú mundial en la materia para aclarar todas las dudas. Buen propósito, pero preferimos que el tema sea dirimido por las autoridades colombianas competentes en telecomunicaciones, medio ambiente y salud pública.
Es inaudito. Están por cumplirse 20 años de operación del servicio de telefonía móvil celular en Colombia y aún no existe certeza sobre el efecto que tienen en la salud humana las radiaciones de las antenas de telefonía celular.
Es verdad que a nivel mundial no existe consenso, pero, frente a la incertidumbre, las mejores prácticas en todo caso aconsejan la máxima previsión.
En el país el marco normativo es laxo y por lo mismo propicia la indeterminación en tan delicado asunto. En 2005 se expidió un decreto del gobierno nacional sobre los límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos. Este decreto le imponía a la generalidad de los operadores realizar mediciones con el fin de asegurar que las emisiones de telecomunicaciones no afectaran la salud. Sin embargo, a los pocos meses una resolución del entonces Ministerio de Comunicaciones exceptuó de esas obligaciones a los operadores móviles. Según dicha resolución —aún vigente—, los campos electromagnéticos que emiten esos operadores “cumplen con los límites de exposición y no son necesarias precauciones particulares”.
Después de tantos años y ante la proliferación de antenas —muchas de ellas instaladas en los techos de edificaciones de vivienda—, esa suposición de cumplimiento tiene que ser verificada seriamente. Valga recordar que a fines de 2012 la Corte Constitucional (sentencia T-1077) tomó varias determinaciones; entre ellas ordenó desmontar una antena de telefonía celular con el fin de proteger la salud de una menor enferma de cáncer.
Desde hace meses está tratando de levantar vuelo en el Congreso de la República un proyecto con el fin de llenar los vacíos normativos respecto de la instalación, despliegue y medición de la infraestructura de comunicaciones inalámbricas. Lamentablemente, al parecer fuerzas musculosas han logrado cortarle las alas a esa sana iniciativa legislativa. Este proyecto requiere un firme apoyo de la opinión pública, pues va en la senda que ordenó seguir la Corte Constitucional en la mencionada sentencia.
El gremio de los operadores celulares anunció que llegará pronto un gurú mundial en la materia para aclarar todas las dudas. Buen propósito, pero preferimos que el tema sea dirimido por las autoridades colombianas competentes en telecomunicaciones, medio ambiente y salud pública.