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La película Ciudadano Kane (1941) es considerada como una obra maestra del cine. Escrita, dirigida y protagonizada por Orson Wells, está inspirada en la vida del infame William Hearst, magnate de los medios de comunicación en Estados Unidos, xenófobo, ultraconservador y simpatizante de las ideas de Hitler.
Sus periódicos amarillistas, junto con los de Pulitzer, atizaron la guerra de este país con España a propósito del hundimiento del acorazado Maine en el puerto de La Habana en 1898.
Muchos consideran a Rupert Murdoch, el poderoso propietario de periódicos y canales de televisión en Australia, Reino Unido, EE. UU. y otros países, el Ciudadano Kane de nuestra era. Su canal Fox News utiliza un estilo de periodismo que le ha dado magníficos resultados en términos de audiencia: militante, radical y explícitamente a favor de los republicanos.
El gran beneficiario ha sido Donald Trump en las dos campañas que lo han llevado a la presidencia, tanto así que muchos opinan que, sin el apoyo de Fox News, Trump no hubiera ganado las elecciones ni soportado los efectos de su aparatosa vida pública y privada.
La relación de Trump con Murdoch tuvo una seria fisura hace unos días a raíz de la publicación en el Wall Street Journal (WSJ) -uno de los periódicos que controla Murdoch- de una carta de Trump felicitando al pedófilo Jeffry Epstein por su cumpleaños en 2003. El periódico se resistió a las presiones para que no se realizara la publicación y declaró después que confiaba plenamente en el rigor y precisión de la información. Trump ya demandó por diez mil millones de dólares a la empresa propietaria del periódico.
Esta escaramuza con el WSJ se suma a muchas otras que ha tenido Trump con la prensa. Después de millonarias demandas judiciales el presidente ha logrado el pago de indemnizaciones por parte de medios como ABC y CBS. Sin embargo, este caso parece ser más complejo para el presidente.
Sin duda alguna si un presidente considera que un medio de comunicación lo difama o viola el ordenamiento jurídico, el camino correcto es acudir a los jueces en vez de amenazar con “cerrarlos” o cancelar sus licencias.
