A pesar de que la FAA (Federal Aviation Administraion) y la FCC (Federal Communications Commission) son organismos de regulación de los Estados Unidos, sus normas son replicadas por las autoridades de otros países y se vuelven parámetros de industria.
Hace unas semanas estalló en toda su magnitud el conflicto entre la FAA y la FCC a propósito de las frecuencias radioeléctricas adjudicadas para los servicios de telecomunicaciones 5G que permiten comunicaciones móviles a altísima velocidad. El año pasado se subastó en mas de 80 billones de dólares la banda C para la operación de las redes 5G. Esta banda es demasiado cercana a las frecuencias en la que funcionan los altímetros que utilizan los aviones al momento de aterrizar en condiciones de baja visibilidad, lo cual genera serios riesgos de accidentalidad.
Las compañías de aviación y muchos expertos habían advertido ese peligro al menos desde el año 2018, a pesar de lo cual la FCC no tomó medidas al respecto, hasta que el mes pasado se llegó a un nivel de alerta máxima que llevó a la cancelación de cientos de vuelos. La solución por lo pronto parece estar en el redireccionamiento y la limitación de la altura y la potencia de las antenas que se despliegan en las inmediaciones de los aeropuertos.
Este conflicto es una evidencia más de la colisión de intereses, aún dentro del mismo Estado, a la hora de regular y de la falta de coordinación y coherencia en las políticas públicas. A diferencia de Estados Unidos, en Europa desde el inicio de la utilización 5G ya se habían diseñado soluciones para evitar riesgos en la navegación aérea.
Infortunadamente los organismos reguladores tienden a dejarse permear por intereses particulares o ceder a la presión de los intereses de corto plazo de los gobiernos.
En Colombia en los últimos años esos organismos -especialmente en el sector TIC- han perdido prestigio y calidad; razón por la cual es necesario una profunda reforma institucional. La protección de los consumidores y las reglas de competencia son vitales para el desarrollo económico y no pueden estar al vaivén de la parsimonia, la debilidad política y la incapacidad técnica para regular.
@jcgomez_j
A pesar de que la FAA (Federal Aviation Administraion) y la FCC (Federal Communications Commission) son organismos de regulación de los Estados Unidos, sus normas son replicadas por las autoridades de otros países y se vuelven parámetros de industria.
Hace unas semanas estalló en toda su magnitud el conflicto entre la FAA y la FCC a propósito de las frecuencias radioeléctricas adjudicadas para los servicios de telecomunicaciones 5G que permiten comunicaciones móviles a altísima velocidad. El año pasado se subastó en mas de 80 billones de dólares la banda C para la operación de las redes 5G. Esta banda es demasiado cercana a las frecuencias en la que funcionan los altímetros que utilizan los aviones al momento de aterrizar en condiciones de baja visibilidad, lo cual genera serios riesgos de accidentalidad.
Las compañías de aviación y muchos expertos habían advertido ese peligro al menos desde el año 2018, a pesar de lo cual la FCC no tomó medidas al respecto, hasta que el mes pasado se llegó a un nivel de alerta máxima que llevó a la cancelación de cientos de vuelos. La solución por lo pronto parece estar en el redireccionamiento y la limitación de la altura y la potencia de las antenas que se despliegan en las inmediaciones de los aeropuertos.
Este conflicto es una evidencia más de la colisión de intereses, aún dentro del mismo Estado, a la hora de regular y de la falta de coordinación y coherencia en las políticas públicas. A diferencia de Estados Unidos, en Europa desde el inicio de la utilización 5G ya se habían diseñado soluciones para evitar riesgos en la navegación aérea.
Infortunadamente los organismos reguladores tienden a dejarse permear por intereses particulares o ceder a la presión de los intereses de corto plazo de los gobiernos.
En Colombia en los últimos años esos organismos -especialmente en el sector TIC- han perdido prestigio y calidad; razón por la cual es necesario una profunda reforma institucional. La protección de los consumidores y las reglas de competencia son vitales para el desarrollo económico y no pueden estar al vaivén de la parsimonia, la debilidad política y la incapacidad técnica para regular.
@jcgomez_j