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El ministerio de las TIC publicó la semana pasada un documento con el borrador de las reglas de una convocatoria para financiar -con cargo al presupuesto nacional- proyectos de transformación digital a diversos medios de comunicación -televisión, radio, prensa, revistas y medios digitales- tan golpeados por la pandemia. Con la idea de estimular la reactivación económica de estas empresas se repartirían ochenta y cinco mil millones de pesos ($85.000.000) entre varios beneficiarios.
El cronograma previsto de dicha convocatoria es bastante apretado y aún no se conocen los criterios para elegir a los destinatarios de los recursos. Esta cuestión es especialmente crítica y debería resolverse cuanto antes para evitar que se privilegie indebidamente a tal o cual medio de comunicación.
Más allá del afán de esta idea de coyuntura la situación revela la inexistencia de una política pública para enfrentar el marchitamiento económico de los medios de comunicación tradicionales. Esto sucede en Colombia y en el resto del mundo con las graves consecuencias que ello tiene para la democracia.
Ante el sensible decrecimiento de la inversión publicitaria, la supervivencia de los medios en el mundo digital dependerá de que la audiencia pague una suscripción. Por lo pronto la mayoría del público prefiere atenerse a la información que le provean las plataformas digitales. De ahí la trascendencia de ley expedida recientemente en Australia que obliga a las plataformas digitales a negociar con los proveedores de contenidos el pago de una contraprestación. A pesar de las amenazas de Facebook y Google estas empresas finalmente tuvieron que ceder y los medios australianos tendrán una fuente de financiación que solventará en alguna proporción lo que se ha perdido de pauta publicitaria.
Tal como también sucedió en Francia, la relación económica entre los medios tradicionales y las plataformas digitales puede ser más conmutativa solo si existe una legislación que lo imponga. Lamentablemente en Colombia estamos muy lejos de contar con un marco normativo e institucional para enfrentar esos y otros retos del mundo digital. Recordemos que, cuando se tramitó la Ley TIC de 2019, se perdió una valiosa oportunidad para nivelar en algún grado las condiciones de competencia frente a las plataformas digitales.
@jcgomez_j
