La guerra comercial entre China y Estados Unidos tuvo su origen en un exitoso caso de lobby, o cabildeo, a favor de la multinacional suiza Glencore, según la última edición de la revista Bloomberg Businessweek.
Todo comenzó cuando Century Aluminum, controlada por Glencore, después de una persistente intriga por encargo en las altas esferas, logró que el gobierno Trump impusiera una tarifa del 10 % al aluminio importado, lo cual afectó principalmente a China. La medida benefició particularmente a Century, pero, de paso causó un daño inmenso a muchas industrias de Estados Unidos, pues este país produce apenas el 15 % del aluminio que consume. El resultado neto fue una pérdida de empleos en esas industrias y una guerra comercial con el gigante asiático cuyas consecuencias amenazan con desestabilizar la economía mundial.
El lobby, por definición, busca proteger intereses particulares. En Estados Unidos, donde las grandes empresas pagan cientos de millones de dólares a firmas especializadas en lobby, existe la obligación de revelar ante quién, cómo y por cuánto se realizó una determinada gestión.
En Colombia, la actividad del cabildeo se ejerce en la sombra. Cada tanto se intenta, sin éxito, tramitar una ley para regular el tema. El último proyecto fue presentado hace pocas semanas por los senadores José Name y Rodrigo Lara. La iniciativa está bien concebida y estructurada. De convertirse en ley, ayudaría a enfrentar la corrupción. Se les haría un poco más difícil la vida a los reyes del cohecho y a los funcionarios que redondean su sueldo con la concusión.
El proyecto prevé la creación de mecanismos que funcionan en otros países para hacer pública y transparente la promoción de intereses y objetivos ante autoridades, incluidas las tres ramas del poder público y los funcionarios de todos los niveles territoriales.
Existirían un registro público de cabilderos, en el que obligatoriamente se inscribirían quienes se dedican a esa actividad, y una “huella de cabildeo”, para revelar la manera como se forman las decisiones de las autoridades y la influencia que tengan los lobistas de profesión en el trámite correspondiente.
La suerte de este proyecto nos dirá qué tan interesada está la clase política en enfrentar seriamente a la corrupción.
@jcgomez_j
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La guerra comercial entre China y Estados Unidos tuvo su origen en un exitoso caso de lobby, o cabildeo, a favor de la multinacional suiza Glencore, según la última edición de la revista Bloomberg Businessweek.
Todo comenzó cuando Century Aluminum, controlada por Glencore, después de una persistente intriga por encargo en las altas esferas, logró que el gobierno Trump impusiera una tarifa del 10 % al aluminio importado, lo cual afectó principalmente a China. La medida benefició particularmente a Century, pero, de paso causó un daño inmenso a muchas industrias de Estados Unidos, pues este país produce apenas el 15 % del aluminio que consume. El resultado neto fue una pérdida de empleos en esas industrias y una guerra comercial con el gigante asiático cuyas consecuencias amenazan con desestabilizar la economía mundial.
El lobby, por definición, busca proteger intereses particulares. En Estados Unidos, donde las grandes empresas pagan cientos de millones de dólares a firmas especializadas en lobby, existe la obligación de revelar ante quién, cómo y por cuánto se realizó una determinada gestión.
En Colombia, la actividad del cabildeo se ejerce en la sombra. Cada tanto se intenta, sin éxito, tramitar una ley para regular el tema. El último proyecto fue presentado hace pocas semanas por los senadores José Name y Rodrigo Lara. La iniciativa está bien concebida y estructurada. De convertirse en ley, ayudaría a enfrentar la corrupción. Se les haría un poco más difícil la vida a los reyes del cohecho y a los funcionarios que redondean su sueldo con la concusión.
El proyecto prevé la creación de mecanismos que funcionan en otros países para hacer pública y transparente la promoción de intereses y objetivos ante autoridades, incluidas las tres ramas del poder público y los funcionarios de todos los niveles territoriales.
Existirían un registro público de cabilderos, en el que obligatoriamente se inscribirían quienes se dedican a esa actividad, y una “huella de cabildeo”, para revelar la manera como se forman las decisiones de las autoridades y la influencia que tengan los lobistas de profesión en el trámite correspondiente.
La suerte de este proyecto nos dirá qué tan interesada está la clase política en enfrentar seriamente a la corrupción.
@jcgomez_j
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