En sus orígenes la televisión colombiana fue cachaca y centralista. Al fin y al cabo, nació bajo una dictadura. El Estado poco a poco y muy a regañadientes permitió que en el medio existiera diversidad, como cuando a mediados de los años 80 empezaron a operar los primeros canales regionales y surgieron así verdaderas opciones de información y entretenimiento.
Los logros de los canales regionales —su talento y producciones de excelsa calidad— son un milagro teniendo en cuenta que sus recursos son exiguos y que a la mayoría de ellos a lo largo de la historia los han acechado el clientelismo y la pequeña política de provincia.
Recordemos que estos canales no fueron fruto de la iniciativa privada. Nacieron bajo la tutela del entonces Ministerio de Comunicaciones y el soporte financiero y técnico de las desaparecidas Telecom e Inravisión. Actualmente estos canales siguen siendo operadores públicos y su subsistencia depende en buena parte del Gobierno nacional. Los alcaldes y gobernadores de turno generalmente controlan sus órganos directivos, lo cual genera el riesgo de que se dediquen al culto a la personalidad y a repartir programas y contratos para los amigos.
A partir de enero próximo, cuando se inicia un nuevo periodo de los mandatarios regionales, seguramente se percibirá un cambio de signo en los contenidos de los canales regionales y estos se pondrán al servicio del nuevo amo. Ojalá por esa vía no desparezcan producciones y formatos que deben permanecer en beneficio de la diversidad, la libertad de expresión y la cultura regional.
Los canales públicos en todos los niveles territoriales —incluidos los que opera RTVC— no pueden estar al vaivén de quien gobierna sino al servicio del interés público.
La Sesión de Contenidos Audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones tiene que asumir con firmeza y seriedad la función de garantizar el pluralismo y la imparcialidad informativa, también en la televisión pública. Esta entidad debería observar con inteligencia y criterio los contenidos que emiten los operadores públicos. Sería una forma de prevenir que sus recursos financieros y humanos se pongan al servicio del príncipe y que estos medios se utilicen como vehículo de propaganda electoral.