Un documento para la historia

La estridencia con la cual casi siempre la oposición critica al presidente Petro tiene un efecto distractor. De lado y lado todo se vuelve alaraca. Así han sido estos casi cuatro años de ruido. Por ese camino el país tomó este rumbo incierto sin que se sepa bien por qué. En cuanto a la relación de este gobierno con los medios de comunicación, afortunadamente, queda un documento que la historia agradecerá. No está escrito por bodegueros ni plumas a sueldo.

Se trata del informe anual de 2025 de la Relatoría Especial para la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De manera objetiva y contundente se hace un recuento de la situación de la libertad de expresión en el hemisferio; por supuesto, preocupante, en casi todos los países. En el caso de Colombia el informe registra los hechos de violencia física y hostigamiento contra periodistas. Se analiza con detalle y sin ninguna carga ideológica algo que jamás había sucedido en este país: el presidente de la República amenazando a los medios. Aquí una cita textual del informe: “En particular, se han registrado reportes de que personas funcionarias públicas, principalmente el presidente de la República, ha calificado a ciertos medios y periodistas como “desinformadores”, “mentirosos”, “criminales”, “vagabundos”, “cooptados”, “de oposición” u “oligárquicos”, entre otros, con el aparente propósito de desacreditar su labor y justificar represalias, incluidas medidas que podrían derivar en censura”.

En el informe la casi totalidad de la evidencia de la constante diatriba del presidente contra la prensa son sus trinos en X, como uno muy largo del 25 de julio de 2025, pocos días después de la instalación del Congreso de la República. La velada amenaza de terminar las licencias de radio y televisión y la confesión de la poderosa red de redes que construyó para defenderse. Al parecer el gobierno no se ha pronunciado acerca del documento de la CIDH. Inexplicable, considerando su gravedad.

Ojalá la actitud hostil del presidente de la Republica contra los medios de comunicaciones no tenga eco en entidades de la rama ejecutiva como la CRC, el ministerio de Trabajo y la SIC.