En la posesión de la ministra de las TIC el presidente Petro expresó su insatisfacción por el deplorable servicio de internet en las zonas rurales más apartadas, según él, debido a las insuficientes inversiones por parte de los operadores de telecomunicaciones, mayoritariamente privados. Tanto así, que planteó la posibilidad de que el despliegue de las 5G lo haga directamente el Estado, lo cual puede llevar a que se constituya un gran operador público, como lo fue durante décadas Telecom.
Esta idea del presidente de la República tal vez implicaría un cambio sustancial en el modelo económico del sector, abierto a la competencia y a la participación privada desde comienzos de los años 90, en consonancia con lo sucedido en otras partes del mundo, gracias a las ideas de economistas como Milton Friedman prohijadas por Margaret Thatcher y Ronald Reagan.
No solamente porque el péndulo se esté devolviendo, sería útil realizar un balance del modelo sectorial en Colombia después de estos 30 años, más allá de motivaciones ideológicas coyunturales. También en los servicios públicos domiciliarios la Ley 142 de 1994 consagró principios como la prestación eficiente, la libertad de competencia y la libertad de empresa. Lo sucedido con el servicio de energía en la Costa Atlántica es suficientemente grave como para evaluar el papel del Estado, la efectividad de su intervención y el desempeño de la empresa privada.
La ETB es un buen ejemplo de una empresa que ha logrado competir exitosamente en el mercado, a pesar de que es de propiedad pública en casi un 90 %. No puede deificarse porque sí a la empresa privada, sobre todo en la provisión de internet, que hoy en día es vital y cuya ausencia en las zonas más remotas y pobres es la peor expresión de desigualdad.
Valga insistir que la conectividad debe ser una política de Estado, cuya ejecución no puede estar exclusivamente en el Ministerio de las TIC. Tampoco son suficientes los recursos del fondo que administra esa entidad ni se puede depender exclusivamente de las contraprestaciones que le pagan los operadores. Guardadas proporciones, la Ley de Infraestructura aprobada el año pasado en EE. UU. debe ser un referente.
@jcgomez_j
