La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) hoy en día es la entidad más poderosa del Estado en Colombia, tal como nos lo recuerdan los procesos e investigaciones que se anuncian con tanta estridencia. A lo largo de los años la SIC, gracias a sus logros, pero, también, por la falencia de otras instituciones, fue acumulando funciones y facultades que la convierten en un macroorganismo que puede llegar a colapsar.
El ámbito de acción de esa entidad es bien amplio y trascendental: protección de la competencia, defensa del consumidor, propiedad industrial, habeas data, vigilancia a las cámaras de comercio.
Sin que sea un llamado a la tolerancia a las empresas que violan la libre competencia y atropellan a los consumidores, es hora de analizar la conveniencia de que un funcionario como el superintendente concentre tanto poder y que un solo organismo sea la autoridad en tantos frentes.
El superintendente, por medio de circulares, es regulador. Además, está dotado de amplísimas funciones de investigación y tiene la posibilidad de imponer multas de hasta casi $80.000 millones. El riesgo de arbitrariedad es inmenso. El afán de mostrar resultados muchas veces se lleva por delante la presunción de inocencia.
La reforma de la justicia que estudia el Congreso debería comprender también a la SIC con el fin de despojarla de sus funciones jurisdiccionales. Esas funciones en cabeza de la entidad —y también de otras superintendencias— tienen un sabor de arrogancia y desprecio a la rama jurisdiccional, además de ir en contra del principio democrático de la separación de poderes, que nos enseñó Montesquieu.
Sería conveniente conformar una comisión de expertos que estudiara una reforma de la SIC, con el fin de darle mayor agilidad a sus trámites y evaluar la conveniencia de restringir el ámbito de sus funciones a dos temas: competencia y consumidor.
Andrés Barreto, el nuevo superintendente de Industria y Comercio, es bien cercano y de absoluta confianza del presidente Duque, lo cual evidencia la trascendencia que para el nuevo Gobierno tienen la SIC y los objetivos de proteger al consumidor y velar por el buen funcionamiento de los mercados.
@jcgomez_j
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) hoy en día es la entidad más poderosa del Estado en Colombia, tal como nos lo recuerdan los procesos e investigaciones que se anuncian con tanta estridencia. A lo largo de los años la SIC, gracias a sus logros, pero, también, por la falencia de otras instituciones, fue acumulando funciones y facultades que la convierten en un macroorganismo que puede llegar a colapsar.
El ámbito de acción de esa entidad es bien amplio y trascendental: protección de la competencia, defensa del consumidor, propiedad industrial, habeas data, vigilancia a las cámaras de comercio.
Sin que sea un llamado a la tolerancia a las empresas que violan la libre competencia y atropellan a los consumidores, es hora de analizar la conveniencia de que un funcionario como el superintendente concentre tanto poder y que un solo organismo sea la autoridad en tantos frentes.
El superintendente, por medio de circulares, es regulador. Además, está dotado de amplísimas funciones de investigación y tiene la posibilidad de imponer multas de hasta casi $80.000 millones. El riesgo de arbitrariedad es inmenso. El afán de mostrar resultados muchas veces se lleva por delante la presunción de inocencia.
La reforma de la justicia que estudia el Congreso debería comprender también a la SIC con el fin de despojarla de sus funciones jurisdiccionales. Esas funciones en cabeza de la entidad —y también de otras superintendencias— tienen un sabor de arrogancia y desprecio a la rama jurisdiccional, además de ir en contra del principio democrático de la separación de poderes, que nos enseñó Montesquieu.
Sería conveniente conformar una comisión de expertos que estudiara una reforma de la SIC, con el fin de darle mayor agilidad a sus trámites y evaluar la conveniencia de restringir el ámbito de sus funciones a dos temas: competencia y consumidor.
Andrés Barreto, el nuevo superintendente de Industria y Comercio, es bien cercano y de absoluta confianza del presidente Duque, lo cual evidencia la trascendencia que para el nuevo Gobierno tienen la SIC y los objetivos de proteger al consumidor y velar por el buen funcionamiento de los mercados.
@jcgomez_j