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Hace unas semanas saltó a la arena del debate electoral el asunto de unificar la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. La idea es irrealizable políticamente, no tendría beneficios prácticos significativos y distraería la atención respecto de las graves patologías que aquejan a nuestro sistema judicial, como la alarmante lentitud con la cual se tramitan los asuntos en el Consejo de Estado, a pesar del esfuerzo de sus magistrados.
El Consejo de Estado, además de ser órgano consultivo del Gobierno, es la máxima autoridad judicial frente a las actuaciones y decisiones de las autoridades administrativas. En un país como Colombia, en el que el Estado se inmiscuye prácticamente en todas las actividades de los ciudadanos, el correcto y oportuno ejercicio de esa función contencioso-administrativa es vital para la realización de los derechos constitucionales. Los temas de impuestos, contratación estatal, sanciones y multas, licencias, conflictos electorales y otros tantos que son competencia del Consejo de Estado, afectan el bienestar de millones de colombianos. Lamentablemente, este organismo está colapsado por el alud de procesos. Se encuentran represadas miles de sentencias de las que depende la suerte de personas y empresas que muchas veces dejan de existir antes de que se dicte justicia.
La figura de la suspensión provisional, diseñada para detener los efectos jurídicos de un acto administrativo manifiestamente ilegal, es una valiosa herramienta para enfrentar entuertos como la torpeza o la corrupción de esos funcionarios públicos que se arropan en la presunción de legalidad de sus decisiones. Sin embargo, el trámite de esta figura en el Consejo de Estado se ha vuelto tan tortuoso que en algunos casos pasan años antes de que se tome una decisión que debería ser inmediata. La entidad padece serios problemas logísticos. Por falta de salas, una simple audiencia inicial, que no debería tardar más de un mes en realizarse, se demora más de un año.
El Consejo de Estado, venerable institución bicentenaria, requiere la urgente atención del Congreso de la República y del Gobierno. Antes que soluciones maximalistas y lugares comunes, sería mejor escuchar de los candidatos presidenciales sus ideas sobre cómo enfrentar la emergencia de nuestro sistema judicial.
@jcgomez_j
