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Las estrategias del uribismo para deslegitimar la aparición de las verdades de la guerra en Colombia siguen en caída libre hacia la autodestrucción. Las mentiras que explayaron desde los todos frentes y hacia todos los focos empiezan a quedar en evidencia. La JEP ha imputado cargos al antiguo Secretariado de las Farc por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por secuestros, y tienen un tiempo límite para reconocerlo. El uribismo, por supuesto, recibe la noticia como una destrucción a su mitomanía, y ante el panorama próximo de su deslegitimación, solo les queda la insistencia patética en la negación de todo lo que existe, de toda la realidad y de todas las evidencias, por la única razón íntima del miedo a la verdad que les destruiría el estandarte de su impostura.
Ante la imputación al ex-Secretariado, la JEP afianza una seguridad institucional que seguirá trastornando la comodidad de los que estaban en el silencio de una impunidad que parecía prolongarse. Cuando aparezca la verdad del paramilitarismo y las directrices desde la sombra oficial del poder, no podrán acceder a los métodos del desprestigio que usaron hasta hoy, acusando un sesgo ideológico y una parcialidad estratégica. Esa mentira la pudieron crear en los inicios de la justicia especial porque podían jugar con los vacíos legales y los resultados aún invisibles del proceso; pudieron usar los recursos envalentonados del odio para conmover las emociones de sus feligreses, conectaron las viejas escenas del terror con un presente que no podía olvidar esa imagen fantasmal de un enemigo que necesitan siempre en su discurso; el único discurso posible que sobrevivirá mientras exista el resentimiento entre las últimas bases de la generación que solo acepta la prisión eterna como único castigo. Curiosamente, no pudieron utilizar los nombres de las víctimas centrales del conflicto, porque fueron justamente ellas las que aprobaron el proceso de paz y siguen presionando por la aparición de la verdad con todos sus efectos.
La estrategia fallida de la negación los seguirá llevando a su propia nulidad y a la imposibilidad de discutir las exigencias pragmáticas del tiempo en la próxima contienda electoral. Tendrán que acudir de nuevo a la extravagancia para conmover a los últimos incautos y agitar las últimas banderas de un rencor perdido. Para eso tienen allí al nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, que ha repetido lealmente los ataques a la JEP desde el principio, y ha demostrado la obediencia necesaria al dogma sacramental del movimiento que lo ha nombrado para insistir en sus terquedades sin fin: la guerra inútil contra los cultivos ilícitos, la estigmatización a las soberanías de países ajenos a la línea purista de la derecha y la obligación política de negar los avances de una justicia alternativa que no puede dominar entre sus huestes. Bajo esa misma burocracia de adeptos, han nombrado a la hija de Alicia Arango en la codirección del Banco de la República, y a la hija del siempre leal y colérico Carlos Felipe Mejía en la Cancillería, y a César Castro, sin experiencia diplomática, en la embajada de Colombia en Kenia. Un gobierno caradura que repite lo que tanto denunció mientras perdieron el poder. Un gobierno de insultos que sigue pretendiendo informar el control de un absoluto desastre ante un país que solo existe en sus delirios.
