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El Gobierno ha anunciado el Estatuto Temporal de Protección a venezolanos en Colombia, una medida estratégica para alinear la política exterior con los Estados Unidos y calmar las aguas turbias de una comunicación quebrantada por los desastres de la Cancillería y la Embajada de Colombia en Washington. La postura humanista intenta recobrar una imagen internacional oscura que ya tenía el antecedente con tintes xenófobos al afirmar, semanas atrás, que los venezolanos no estaban en los planes de vacunación del país. El cambio de postura intenta afianzar estrategias internas de contención contra una oposición que ha ganado recientemente todos los terrenos del debate humanista que exigen ahora los nuevos tiempos.
Aunque todo sea una acción evidente de conveniencia, la estrategia no tendrá, como dicen los difusores de teorías exóticas, fines electorales ante la proximidad de las fechas de campaña. El estatuto no permitirá ejercer el voto y por ahora no hay posibilidad práctica de usar esa táctica a favor de la victoria del nuevo candidato uribista. Lo que tendrán en contra será todo el contexto internacional que ahora los vigila sin padrinos poderosos, y la obligación estará enfocada a la moderación del discurso belicista y excluyente que les permitió sobrevivir acorde a la sintonía de la estrambótica política salvaje de Donald Trump. Finalizada esa era y frustradas todas las intenciones de boicotear el regreso del progresismo al panorama internacional, su única opción entre todas las últimas que quedan en el naufragio de los hechos recientes y de su propia ineptitud es acoplarse cosméticamente a los derechos humanos. La regularización permitirá, además, una posibilidad real de inmunidad de rebaño en los próximos años y un control de la emergencia sanitaria para la recuperación económica y la tranquilidad entre el sector empresarial que sigue presionando en los lobbies internos.
Si al uribismo no le sirvió antes su imponencia golpista contra un país ajeno a sus obligaciones internas, aprovechará ahora la imagen humanista de concederles a las víctimas de Maduro una mejor condición para insuflar nuevamente su retórica contra los fantasmas de la izquierda internacional y posicionar ese estatus delirante y policial en la región, con el que han querido hacer política fácil a falta de talento para las obligaciones del Estado en sus propios entornos. La regularización tendrá, como es de esperarse, todos los problemas burocráticos posibles y las dilaciones fabulescas de una tradición de documentos que se entorpecen en la nube de lo imposible. Intentarán adelantar esa apuesta entre las gestiones de trámites que se agotan con pasados judiciales y antecedentes clínicos que amontonarán las conocidas montañas de resmas por cumplir, y aplazarán las fechas de los términos. Pero harán política con la gestión, sin duda alguna, y empezarán a jugar con las cifras de resultados óptimos a un año y medio de las elecciones que ven perdidas por todos los ángulos y márgenes. Maquillarán la imagen del partido de los renegados para empezar a impulsar el nuevo rostro juvenil que enfrentará al fantasma de una izquierda que los asusta hasta los últimos nervios.
