El pronunciamiento de Gustavo Petro ante el escándalo, aun sin dimensiones reales, sobre las finanzas perdidas y los bienes de la mafia bajo la custodia de la SAE (sociedad de activos especiales) conmocionó a la prensa y a los espectadores de un tiempo que parecía progresivamente estable y optimista. Lo curioso es que este mismo escándalo, prolongado y eterno desde los tiempos estruendosos de los capos estelares de todos los carteles, no haya conmocionado los cimientos de una sociedad atragantada por la corrupción y la espiral del delito institucional sobre dineros ilícitos que no tenían estricta supervisión, mientras lingotes de oro y fajos monumentales de dólares aparecían semanalmente en los hangares que las autoridades cubrían entre operativos permanentes. Desde los tiempos de la Dirección Nacional de Estupefacientes, el olor de la podredumbre ya desbordaba todas las ruedas de prensa de seriedad que dirigían los generales con sombreros imponentes, inspirados en el oeste salvaje dónde todo podía salir mal, menos las acciones impecables de la custodia de los bienes de los narcos.
Desde el sentido común y de la lógica más básica y más tonta, todo parecía extraño desde esos mismos años anárquicos donde el poder oscuro prevalecía sobre el poder estatal. El valor de los bienes incautados y las cifras astronómicas de la extinción de dominio no alcanzaban en la década siguiente para solventar el déficit de un Estado fallido y arañado por otros saqueos colaterales del erario. Después de la caída de Escobar y de la captura de los Rodríguez Orejuela, la incautación de los predios que cubrían las hipérboles de dos departamentos no eran suficientes para que el equilibrio financiero solventara las intenciones mínimas de la equidad, ni de la justicia, ni del fomento del empleo, ni de las mínimas exigencias de un país parroquial y sustentado en la economía subterránea de la cocaína. Nunca fue suficiente para el país con los capos más célebres del mundo que sus finanzas cooptadas pudieran verse reflejadas en escenarios visibles. Otra oscuridad empezó a tragarse cíclicamente los fondos hasta que todo parecía, otra vez, un circo patético de explicaciones incoherentes y extrañas para justificar la ausencia universal de los dineros de la mafia. Pero allí estaban, otra vez, los funcionarios de la Dirección Nacional de Estupefacientes para dar partes de tranquilidad con gestos de seriedad inmutable ante una nación que nunca comprendió bien la dimensión del asunto. Ahora, la Sociedad de Activos Especiales no tiene las cuentas claras de la historia reciente de los capos heredados. 28 mil inmuebles y más de 1.900 sociedades bajo control institucional se han enlodado en el limbo jurídico de los despachos que se han empolvado hasta que las mismas cifras han desaparecido entre la amnesia y las decisiones invisibles.
La economía subterránea sigue al ritmo de los réditos mientras los delegados para dar la cara de un absurdo se ajustan las corbatas y gesticulan con el aura de seriedad diplomática para decir lo que siempre han dicho ante la costumbre y el letargo de un público que ya puede reconocer los códigos de un discurso siempre predecible e inevitable; “nadie sabe qué pasó aquí, pero empezaremos investigaciones al respecto”.
