El pasado miércoles, la Corte Interamericana de Derechos Humanos negó la recusación que el Estado colombiano lanzó contra los jueces que atendían el caso de Jineth Bedoya, ultrajada y agredida sexualmente el 25 de mayo del 2000, cuando fue abordada por paramilitares mientras cubría una investigación de los bajos mundos en la cárcel La Modelo de Bogotá. La actitud del Estado colombiano, inconcebible por la dimensión del caso y sus implicaciones en la dignidad siempre al borde de la muerte de quienes intentan investigar en este antro de corrupción y podredumbre estatal, no tiene antecedentes en la historia del país. No solo no reconocieron las evidencias del caso, ni la negligencia eterna y revictimizante contra su dignidad, ni la prolongación burlesca en el tiempo sin investigaciones efectivas. Ahora intentan, desde un poder negado a aceptar alguna culpabilidad y empecinado en lavar toda su imagen, tumbar los jueces de un alto tribunal por simple y llana inconveniencia de sus intereses. Una catástrofe humana para todos los que estamos bajo la sombra de este enorme aparato burocrático que raya ahora en actitudes de infamia solo para salvar una honra imposible entre la suciedad profunda.
El Gobierno, representante de toda la solemnidad de esa abstracción compleja del Estado, está actuando cada vez más con alcances peligrosos en la ruindad de búsquedas personales y partidistas contra las responsabilidades que debe cumplir. Es una afrenta a la dignidad de todos que la trascendencia estatal sea reducida a una defensa del poder para la salvaguarda desesperada y mezquina de un Gobierno que intenta defenderse de todo con actitudes de pandilla, absolutamente irracional y burlesca ante casos tan sensibles que trascienden a los debates humanos de una sociedad que intenta apenas recobrarse de los desastres de la guerra. La recusación es una nueva afrenta contra Jineth Bedoya, que intentó con sus propios métodos y recursos esclarecer todo lo que sigue rodeando su propio caso, asumiendo los peligros de las amenazas que recibió por hacerlo y los intentos fallidos del Estado por callarla con negociaciones que, por obvias razones, seguirían empantanadas en la burocracia burlesca de la humillación. Los nuevos alcances del poder en Colombia ya van en estas ultimas proezas: intimidar a tribunales internacionales, pararse de la mesa y dar portazos de indignación cuando las cosas en el mundo ya parecen estar cada vez más contra su desvergüenza. Mientras tanto sigue allí Jineth Bedoya, al frente de su propia historia y sin más respaldos que su propia entereza para escalar ante las ultimas instancias su proceso, que es el mismo caso de cientos de miles víctimas silenciadas por un poder que ha usado sistemáticamente todas las arcas posibles para fulminar verdades y apagar futuros intentos de dignidad. Nadie de los altos representantes de las instituciones del Estado se ha atrevido a decir nada sobre su nombre y su historia en los días recientes de su instancia en la CIDH. Nadie cuestiona los intentos de este frágil poder para seguir salvando su rostro de la deshonra. Estamos solos.
