La extradición del “Zarco”

La Interpol tiene en su poder en España a Luis John Castro Ramírez, alias el Zarco, desde el pasado 20 de enero de 2020 sin que el gobierno de Colombia haga algo por cumplir su extradición. Las dilaciones se prolongan, los procesos no se cumplen, los documentos legales no se firman, nadie contesta ni responde por el exintegrante del Eln que sigue a la espera del regreso a su país como testigo clave y fundamental en la más grande aberración de la historia nacional: los crímenes extrajudiciales que han sido llamados con el eufemismo indolente de falsos positivos. Como sucedió en el caso de Salvatore Mancuso y como ha sucedido con todos los personajes con verdades molestas para el Gobierno nacional en el exterior, la Cancillería y los despachos encargados de los procesos legales no cumplen sus protocolos básicos en la solicitud correspondiente, y la Interpol sigue sin entender muy bien las extrañas razones de una incompetencia incomprensible, pero todo se entiende suficientemente bien al interior de esta comarca que cumple a cabalidad con esa vieja máxima de los burócratas de la Colonia: se acata pero no se cumple. Saben que la extradición cumplida del Zarco significaría una revelación mediática que terminaría por aplastar las maniobras evasivas del expresidente atragantado por la cifra macabra de 6.402 civiles asesinados por la política del exterminio generalizado para recibir las dádivas por efectividad en la guerra, una efectividad que consistía en matar campesinos inocentes, disfrazarlos de guerrilleros y extenderlos en bolsas negras como una cifra más entre el conteo de muertos de la victoria.

La JEP ha hecho públicos sus avances en la investigación y ha divulgado la cifra que podría ser mucho mayor si los testigos como el Zarco regresan al país para contar sus relaciones y sus pactos con el batallón Jaime Rooke y con los oficiales que se ofrecieron a reintegrarlo a los programas de desmovilización si cumplía con las órdenes específicas de esa estrategia. Lo ha declarado ya el preso en España pendiente de la extradición imposible, y a esa declaración oficial le temen los coroneles y los sargentos implicados en el pacto, y los funcionarios de altos rangos del Ejército que en ese momento instigaban a todos los combatientes a traer tanques de sangre como único soporte de la eficacia. Le teme también el todopoderoso general Mario Montoya Uribe, quien asistió a la Justicia Especial para negarlo todo y revictimizar a las familias de los muertos que fueron a escucharlo en una declaración que creían iba a tener un mínimo de decencia y sinceridad sobre lo obvio. Le temen también los altos funcionarios del Gobierno nacional que deben custodiar a toda costa al mentor principal de su poder y evitar que nuevos testigos aparezcan para enlodar el “nombre prístino que no puede tener culpas posibles por su naturaleza divina y sacramental. El Zarco, por lo visto, seguirá esperando su extradición en las prolongaciones de la eternidad y la Interpol seguirá preguntándose sobre las extrañas costumbres en las oficinas y los despachos de Colombia, negados a cumplir con los soportes mínimos de la ley.