El gobierno canallesco de Iván Duque pretende seguir engañando a la opinión pública con sofismas jurídicos y dilaciones burocráticas ante la extradición de Salvatore Mancuso. Todos los documentos enviados los diligenciaron mal, todas las formas las adaptaron a la conveniencia del error hasta que el tiempo y la justicia norteamericana decidieran otros rumbos del preso mayor que, en caso de llegar a las tierras greco-quimbayas del espanto, los hundiría a todos: al gobierno y a sus ministros en pleno, a los funcionarios dispersos que siguen arañando el erario público desde los tiempos del paramilitarismo feroz, a los partidos aliados del exterminio que siguen gozando de los pactos de silencio, al prohombre estrella que ahora funge desde la sombra y la cárcel, y al mismo embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos Calderón, acusado por Mancuso de ser el principal instigador de la creación de un bloque paramilitar en la capital de la república con los modelos “eficaces” de Córdoba.
Curiosamente, ante el desespero de pedir en extradición al reo prístino y más querido del partido, Andrés Felipe Arias, nunca se equivocaron en los trámites, jamás cometieron el error fabulesco de redactar la petición en español y agilizaron todos los esfuerzos jurídicos para que su regreso se hiciera sin tropiezos, directo a las caballerizas cómodas del Cantón Norte. A pocos meses de ese trámite de salvación a un amigo entrañable, olvidaron las funciones y los protocolos, los procesos jurídicos y el talento para redactar una carta de solicitud burocrática. Curiosamente, también, olvidaron todas las logísticas de una costumbre en un tratado de extradición que existe desde 1979 sin antecedentes escandalosos de negligencia. La Cancillería, a cargo de la siempre invisible y ausente Claudia Blum, amiga íntima, por cierto, del embajador en problemas por las repentinas apariciones de la verdad, no pudo tampoco dirigir la atención a ese trámite simple de consecuencias definitivas. Sabemos todos ya, por deducción minúscula y sentido común, que el patrón de los errores en la oficina jurídica de Palacio es una artimaña dilatoria del miedo que tienen todos ante el regreso del sobreviviente más poderoso del alto mando del paramilitarismo, testigo presencial de los pactos con nombres de alcurnia política y conocedor de todos los secretos peligrosos que podrían matarlo si quisiera divulgarlos en las mismas rutas de los buenos muertos. Su nacionalidad italiana, país sin vínculos de extradición con Colombia, era el enclave perfecto para su desaparición de los estrados de la JEP. También se pierden en la impunidad sus revelaciones ante la investigación de la masacre de El Aro, que dirigió en operaciones conjuntas, según sus propios testimonios, con el comandante del Ejército Alfonso Manosalva y con el apoyo aéreo de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia en cabeza del emergente Álvaro Uribe Vélez.
El embajador en Washington hace silencio continuo y profundo ante la lenta desaparición del comandante. La tranquilidad de no verse señalado de nuevo por las viejas instrucciones mortuorias en la capital puede dejarlo dormir plácidamente. Mientras tanto quedan aquí los funcionarios encargados de dar la cara entre el esperpento y seguir insistiendo de la desvergüenza de errores imposibles.
El gobierno canallesco de Iván Duque pretende seguir engañando a la opinión pública con sofismas jurídicos y dilaciones burocráticas ante la extradición de Salvatore Mancuso. Todos los documentos enviados los diligenciaron mal, todas las formas las adaptaron a la conveniencia del error hasta que el tiempo y la justicia norteamericana decidieran otros rumbos del preso mayor que, en caso de llegar a las tierras greco-quimbayas del espanto, los hundiría a todos: al gobierno y a sus ministros en pleno, a los funcionarios dispersos que siguen arañando el erario público desde los tiempos del paramilitarismo feroz, a los partidos aliados del exterminio que siguen gozando de los pactos de silencio, al prohombre estrella que ahora funge desde la sombra y la cárcel, y al mismo embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos Calderón, acusado por Mancuso de ser el principal instigador de la creación de un bloque paramilitar en la capital de la república con los modelos “eficaces” de Córdoba.
Curiosamente, ante el desespero de pedir en extradición al reo prístino y más querido del partido, Andrés Felipe Arias, nunca se equivocaron en los trámites, jamás cometieron el error fabulesco de redactar la petición en español y agilizaron todos los esfuerzos jurídicos para que su regreso se hiciera sin tropiezos, directo a las caballerizas cómodas del Cantón Norte. A pocos meses de ese trámite de salvación a un amigo entrañable, olvidaron las funciones y los protocolos, los procesos jurídicos y el talento para redactar una carta de solicitud burocrática. Curiosamente, también, olvidaron todas las logísticas de una costumbre en un tratado de extradición que existe desde 1979 sin antecedentes escandalosos de negligencia. La Cancillería, a cargo de la siempre invisible y ausente Claudia Blum, amiga íntima, por cierto, del embajador en problemas por las repentinas apariciones de la verdad, no pudo tampoco dirigir la atención a ese trámite simple de consecuencias definitivas. Sabemos todos ya, por deducción minúscula y sentido común, que el patrón de los errores en la oficina jurídica de Palacio es una artimaña dilatoria del miedo que tienen todos ante el regreso del sobreviviente más poderoso del alto mando del paramilitarismo, testigo presencial de los pactos con nombres de alcurnia política y conocedor de todos los secretos peligrosos que podrían matarlo si quisiera divulgarlos en las mismas rutas de los buenos muertos. Su nacionalidad italiana, país sin vínculos de extradición con Colombia, era el enclave perfecto para su desaparición de los estrados de la JEP. También se pierden en la impunidad sus revelaciones ante la investigación de la masacre de El Aro, que dirigió en operaciones conjuntas, según sus propios testimonios, con el comandante del Ejército Alfonso Manosalva y con el apoyo aéreo de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia en cabeza del emergente Álvaro Uribe Vélez.
El embajador en Washington hace silencio continuo y profundo ante la lenta desaparición del comandante. La tranquilidad de no verse señalado de nuevo por las viejas instrucciones mortuorias en la capital puede dejarlo dormir plácidamente. Mientras tanto quedan aquí los funcionarios encargados de dar la cara entre el esperpento y seguir insistiendo de la desvergüenza de errores imposibles.