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El artículo 68 de la Ley Anticorrupción, propuesto por el exótico y rocambolesco congresista César Lordouy, fue aprobado en la Cámara de Representantes con 73 votos a favor y 51 en contra. El artículo, bajo ese título general y falso que pretende dar luces de esperanza contra la corrupción profunda del Estado y sus funcionarios, no es más que otro juego retórico para maquillar las pretensiones incendiarias de un Congreso que se sabe hundido en las últimas posibilidades de la putrefacción. Desde el absoluto desprestigio solo pueden optar por el mal teatro de las buenas intenciones, ahora que solo tienen margen entre el peculado y la custodia del lobby para no llegar a una pena intramural por una pequeña traición entre colegas de bancada o entre enemigos de partidos alternos. Saben que deben blindarse ante los efectos de la fuga de información que los pueda llevar al imposible de una condena en su paraíso de la impunidad asegurada. Ningún congresista con poder de influencia y pactos sólidos con las jerarquías de las togas decisivas paga ahora una pena en La Modelo o en las cárceles del terror, donde solo quedan los civiles ajenos a las relaciones públicas. Los congresistas de los partidos, ungidos desde el principio en el clientelismo más puro, saben que deben adelantar los proyectos de ley con “micos” providenciales que los puedan salvar progresivamente de la desgracia.
El partido Cambio Radical se ha forjado justa y precisamente entre la escoria, y su larga tradición de imputados los ha llevado al pánico colectivo de la desaparición por falta de personal entre sus filas: evadidos, investigados o fugitivos, han engrosado ese bastión de los marginados que, aunque pretendan ajustar sus discursos de politiqueros deslenguados a las altas atmósferas del altruismo, no pueden continuar por simple y llana lógica de imagen. Por más que la impunidad constante haya hecho de la política nacional un pandemonio normalizado de encorbatados vulgares y mezquinos, no podrían continuar si las evidencias y las pruebas reinas sobresalen entre su etiqueta y sus buenas formas ante las cámaras y los señalamientos permanentes.
También le temen a un próximo cisma en las elecciones del 2022, con la posible victoria de una izquierda con hambre de políticas ejemplares entre los entes de control bajo su nueva influencia. Ante esos escenarios posibles, la cerrazón sobre el capitolio no es precisamente una noticia que les permita respirar con la tranquilidad acostumbrada entre los pactos y los códigos tradicionales de la protección. Los 73 votos del pánico en la Cámara para la mordaza de la opinión contra sus nombres es un síntoma de una desesperación creciente, después de los recientes intentos, generalmente fallidos, para controlar todos los movimientos adversos de un país desbordado por la indignación. Saben que los colectivos, los círculos juveniles y los nuevos canales de información siguen forjándose lejos de las viejas pantallas de la manipulación mediática, y le temen a esa cercanía de las evidencias que los rodea cada vez más en su bastión sacramental de tronos impunes. Podían sonreír antes, en fotos de páginas sociales bajo la sombra serena de fiscales, ministros y magistrados tranzados entre whiskey y abrazos con códigos secretos. Así se veían, hace poco, el congresista César Lorduy y la caída ministra de Tecnologías de la información, Karen Abudinen. Una relación cómoda y feliz con las estelas deslumbrantes del poder de los Char sobre sus rostros.
