Mientras el paro minero se extiende en el tiempo indefinido bajo humaredas y destrucción en el Bajo Cauca Antioqueño, y las sospechas de la infiltración del Clan del Golfo se incrementan entre el desconcierto de la región, los ideales de la Paz Total empiezan a chocar contra los muros diversificados de una realidad brutal, rudimentaria y abierta en las 32 regiones de un país en combustión desde que el tiempo es tiempo, y desde que el último acuerdo de paz explayó los efectos de las disidencias bajo el amparo y el negocio de la minería ilegal y el narcotráfico. El plan de una paz acordada con todos los frentes restantes de la violencia tiene la urgencia de una política social que solo puede cumplir con sus mandatos si el incendio general termina, pero las formas y las estrategias siguen empantanadas entre la logística de un proyecto mastodóntico que aun nadie entiende muy bien cómo podrá ajustarse entre los perfiles de los grupos armados que siguen dispersos y aprovechando los réditos silenciosos de la economía ilegal, al ritmo lento de la presencia Estatal que apenas intenta recobrar los territorios olvidados por una historia excluyente.
En Mesetas, 200 familias del ETCR (Espacios de capacitación y reincorporación) de Mariana Páez han denunciado amenazas de las disidencias del Estado Mayor Central al mando de alias “Iván Mordisco”. Su presencia en la región, dando ultimátum y campeando con la seguridad de su dominio, es una muestra flagrante del poder que siguen demostrando los grupos armados contra un Estado que entre propuestas mayúsculas de paz aún tiene el tiempo en contra para un proceso detallado y concreto que asegure el cumplimiento progresivo de los diálogos. La confirmación del inicio de la mesa de negociación no deja de ser un avance entre el pantanero general, pero los avances de la mesa alterna con Eln, aun sin cese bilateral y sin mayores noticias de pequeños acuerdos, son un indicio de la extensión y la alta complejidad de las negociaciones entre varios frentes, sin disposiciones ni políticas claras de los comandantes en cuestión, y sin intereses evidentes de los grupos disidentes para dejar las armas y el negocio rentable que sostienen en la selva. Gustavo Bolívar, alfil leal de las decisiones de Palacio, ha lanzado también su escepticismo ante el largo plazo de una Paz Total que se verá amenazada permanentemente por la rentabilidad del narcotráfico y los brillos de los cultivos custodiados por ejércitos que siguen la única orden de sus jefes sin política y sin norte.
La radicación del proyecto de sometimiento a la justicia, firmada el pasado miércoles por los ministros de Justicia y del Interior en el Congreso, le entrega nuevas luces a la posibilidad de sometimiento de miembros de los grupos armados. Un avance en la complejidad que requiere, al menos, mínimos soportes jurídicos para garantizar el desarme progresivo. Mientras tanto, el fiscal Barbosa lanza un nuevo torpedo al proyecto con frases pomposas de solemnidad institucional que nunca usó mientras la delincuencia campeaba entre los círculos cercanos del bunker. La Paz Total sigue su curso entre el pantano, el idealismo y las sospechas internas de traición sobre las brasas de un incendio general que no termina.
