El ministro de Defensa, Iván Velázquez Gómez, ha sabido desde siempre los alcances del odio de sus enemigos. En los tiempos turbulentos del poder en Colombia, cuando un patriarca envalentonado y delirante decidió gobernar con la furia de todas las venganzas y las reprimendas para apagar el ruido alrededor de su nombre, fue víctima de infiltraciones y chuzadas mientras fungía como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y perseguido por su coordinación de la comisión de apoyo investigativo de la Sala Penal, desde donde ordenó la investigación de los vínculos estrechos entre el paramilitarismo y el poder que seguía explayando sus azotes impunes en todos las regiones y los flancos, y al borde de la violación total de la Constitución y de una dictadura oficial. Cincuenta parapolíticos fueron condenados en una revelación de la decadencia aberrante de todas las escalas institucionales. La respuesta a su trabajo era previsible: el odio sistemático de todos los alfiles de un gobierno que había quedado expuesto en todas las escalas de su oscuridad por un magistrado que no se doblegó a la imponencia del prohombre y de su corte con sedes alternas en el bajo mundo, donde peces gordos de la clandestinidad, como alias “Job”, tenían entrada libre a la gobernanza por los sótanos del palacio.
El arsenal de venganzas y planes orquestados en su contra han estado siempre en el primer orden de los afectados: políticos presos, fiscales aventados, empresarios heridos, lobistas frustrados, congresistas caídos en desgracia por la pública evidencia de sus pactos con las huestes del hampa. Ese mismo escenario de enemigos se creó Guatemala alrededor de su nombre cuando tomó, desde 2013, la dirección de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG).
Bajo su investigación cayó la cúpula nacional de la red de evasión de impuestos en la que resultaron implicados todos los nombres posibles desde todas las escalas del poder, hasta alcanzar al mismísimo presidente Otto Pérez Molina, quien había recibido la comisión con palmadas de respaldo y gestos teatrales de confianza. El fiscal guatemalteco, Rafael Curruchiche, quien ha lanzado al aire las acciones legales contra Iván Velázquez, es el mismo fiscal sancionado hace seis meses por EE. UU. por obstruir investigaciones de numerosos casos de corrupción y redactar denuncias falsas contra funcionarios de la CICIG.
Son los mismos enemigos tradicionales que nunca descansan hasta ver el final de quienes intentan enlodar sus nombres y exponer sus prontuarios y su deshonra. Una venganza postergada contra los que les han quitado la serenidad en la elegante alcurnia de la delincuencia.
