Hace unos días miembros del Gobierno distrital y medios de comunicación celebraron la reforma al estatuto de valorización de Bogotá.
Este estatuto es una herramienta que tiene el Distrito para hacer cobros por adelantado a los ciudadanos por la realización de obras futuras. Una herramienta que sirvió para financiar obras importantes en Bogotá.
El argumento más repetido cuando se aprobó la reforma fue que esta herramienta estaba caduca porque se había aprobado 36 años atrás. Analizar la validez de una norma por su antigüedad y no por su eficacia al interior de una sociedad es cuestión que nos llevaría por otros derroteros. Pero señalemos, aunque sea de pasada, que lo importante no es la antigüedad de la ley, sino su verdad. Sigue siendo cierto que no se puede matar al prójimo; el precepto es viejo, pero no caduco.
Sea como fuere, se celebró la renovación del estatuto de valorización. De la reforma aprobada los puntos más notables son: la devolución del dinero al contribuyente por caducidad en los contratos o la terminación de los mismos, el cobro por valorización podrá hacerse cuando las obras estén terminadas o tengan un avance del 50 % y los comercios que se vean afectados por las obras recibirán un descuento del 10 % en el pago del impuesto.
Parece razonable la propuesta, pero si se mira con detenimiento tal vez nos enseñe algo de las dinámicas de nuestras clases gobernantes y de las lógicas del país. ¿Por qué no habría de terminarse, en el tiempo establecido, una obra pública si cuenta el Gobierno con los recursos y con un plan de trabajo? ¿Por qué nos hemos acostumbrado o nos parece normal que las obras que emprende el Estado no se hagan, se hagan a medias o se hagan mal? ¿Por qué la incapacidad de las empresas privadas que contratan con el Distrito o con el país para cumplir unos plazos establecidos? ¿Por qué las obras públicas tardan una eternidad? Son abstrusas las dinámicas que se esconden tras la contratación con el Estado y muchas las artimañas que han encontrado los privados para que se adelante el dinero, pero no avancen las obras. El carrusel de la contratación que se dio en Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno, por ejemplo, o la caída del puente de la vía al Llano nos lo recuerdan de manera dramática.
Quizás no había que reformar el estatuto de valorización, sino encontrar la manera de que los privados cumplan los cronogramas establecidos para realizar las obras con los estándares exigidos. Pero no fue así, de modo que por la mediocridad, la corrupción y la incompetencia de algunos contratistas y por la inoperancia de los burócratas del Distrito para fiscalizar las obras contratadas pierde Bogotá una herramienta que muchas veces se mostró útil para el desarrollo de obras importantes para la ciudad.
