Pese a una tendencia paulatina y más o menos sostenida de laicización, en el país algunas normas decimonónicas y de espíritu medieval siguen gozando de palpitante vigencia. Una de ellas –la del concordato que exonera del pago del impuesto de renta y del impuesto sobre los bienes destinados al culto data del año 1887 y se renovó en 1974– sigue eximiendo a las iglesias y congregaciones religiosas, de todos los colores y fachadas, a lo largo y ancho del país.
De ese ánimo secular proclamado por la Constitución Política de la República de 1991, sin embargo, no se enteró ni el actual presidente de la República –mariano férreo, devoto y propagandista incondicional de la Virgen de Chiquinquirá, a la que le atribuye poderes milagrosos– ni tampoco se enteraron algunos de los funcionarios de su gabinete ni ciertos parlamentarios y burócratas que se empeñan en invocar a Dios y a su ley obcecada cada vez que las circunstancias políticas les exigen actuar.
Según cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las distintas iglesias del país tienen un patrimonio de más de 14 billones de pesos y cuentan con ingresos brutos superiores a los 5,3 billones al año. Las cifras son oficiales, pero, se atreve uno a pensar, lejanas aún de la realidad, orladas como están por el mismo halo de misterio de la religión que pregonan.
Estas congregaciones religiosas no sólo no pagan impuesto sobre la renta, sino que tampoco pagan el impuesto predial. Según balances oficiales, el patrimonio de la Iglesia Católica en el mundo en el año 2019 era de más de 4.000 millones de euros. Las cifras para Colombia no son fáciles de encontrar, ni las de la Iglesia Católica ni las de las otras iglesias que han comenzado a proliferar en los últimos años.
Dos grandes obstáculos encuentra siempre la intención de someter al régimen de tributación ordinario a las iglesias: la defensa (y en ocasiones obstrucción) que hacen los religiosos, muchas veces desde cargos públicos (ministros del gobierno, parlamentarios, alcaldes…), y la obscuridad y confusión de las cifras. Apenas si hay registros oficiales sobre los ingresos y sobre el patrimonio económico de todas las iglesias, que a estas alturas no son pocas. El Ministerio del Interior (Dirección de Asuntos Religiosos) registra más de 8.400 iglesias cristianas en Colombia.
Es cierto que algunas de tales iglesias cumplen una importante función social. Dicha función debe cumplirla el Estado y tener las cifras claras y ampliar la base tributaria (incluyendo, por ejemplo, a las congregaciones religiosas) puede ayudar a profundizar esa gestión.
