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El peor error que puede cometer un Estado es claudicar o, simplemente, ceder ante el chantaje de ciertos grupos por represalias que ellos puedan tomar en el futuro.
Un ejemplo patente –y preocupante– fue el de las medidas adoptadas por el gobierno central en relación con el SOAT para motocicletas. Ni un estudio ni una consideración técnica se le presentaron a la ciudadanía. Bastó con saber que el número de motos en el país es lo suficientemente grande –más de diez millones de motocicletas circulan en Colombia– para tomar una medida que parece no tener ningún fundamento económico ni jurídico.
Hoy los motociclistas continúan sin pagar peaje (ni siquiera una suma simbólica o proporcional) y además se les redujo el pago del SOAT a la mitad del valor. Se argumentó que la medida buscaba bajar la evasión de este seguro por parte de los propietarios: más del 60 % de las motocicletas que circulan en el país no pagan el seguro obligatorio y en ciertas regiones (Caribe, Amazonía, Llanos-Orinoquía) la evasión supera el 70 %. Pero precisamente esta es la lógica que parece siniestra: en lugar de cobrar el impuesto que se había estipulado, sobre unas tasas que el Estado había considerado pertinentes, decide rebajar las tarifas con el ánimo de aumentar el número de pólizas vendidas; esto es, por la incapacidad estatal de lograr los pagos previstos para los propietarios de las motos.
No cabe duda de que los motociclistas han sabido organizarse como un grupo efectivo de presión ante esta ausencia de autoridad. Para no ir muy lejos, el lunes de esta semana improvisaron un bloqueo en Bogotá por un rumor: se dijo que se decretaría la restricción de pico y placa ambiental para las motos por causa de la emergencia en el aire que ocasionaron los incendios forestales en varias regiones del país. Pronto las secretarías de Ambiente y de Tránsito del distrito declararon que no habían pensado imponer esa medida. Pero frente al asomo del rumor se gestó la protesta.
Es grave la señal equívoca (y equivocada) que envía el gobierno central. Pues hoy son los motociclistas, pero mañana será cualquier grupo que pueda organizarse, aunque sea de manera modesta, y ejercer presión para eximirse de pagos o para buscar su propio beneficio, sin importar si las medidas que se pretenden tomar son necesarias o se pensaron en pro del bien común. Se termina de este modo beneficiando a grupos de privados que saben imponer sus intereses por encima del bienestar de la sociedad.