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Según estimaciones hechas para ciento sesenta y dos países con el fin de determinar el tiempo promedio empleado para ir a ciudades que estén al menos a ochenta kilómetros de distancia, Colombia pertenece al grupo que tiene las vías más lentas del mundo, como se explica en un artículo publicado en Insights & Analysis on Economics & Finance (IMFBLog) por Mariano Moszoro y Mauricio Soto.
La infraestructura vial del país, pese a algunos esfuerzos que se han hecho en las últimas décadas, sigue siendo discutible, por no decir lamentable. Las vías terciarias, cuando existen y son algo más que trochas que se han construido a fuerza de transitarlas, suelen estar sin pavimentar; las dobles calzadas son más bien la excepción y largos trayectos entre ciudades deben recorrerse a la velocidad de las mulas de carga, de vehículos viejos o de conductores torpes.
Todo eso hace, por supuesto, que el país sea menos competitivo que sus vecinos o que sus pares; todo hace que los costos de transporte de bienes y alimentos sean altísimos y que los tiempos sean excesivos. Tarda menos la mercancía en llegar a puerto desde China, pongamos por caso, que en llegar desde ese mismo puerto a Bogotá.
Y a todo eso, que es grave y es preocupante, hay que sumarle la actividad entorpecedora de la policía de tránsito, siempre más presta a perjudicar a los ciudadanos que a brindarles ayuda: se ubican en puntos ciegos, ponen radares en las escasísimas rectas que tienen las carreteras intermunicipales o en las pocas vías de la ciudad donde se podría transitar a una velocidad más o menos civilizada (léase más alta de lo que permite una trocha)…
Y a esas condiciones ―las pocas vías y su mal estado, y la perversión del deber y del oficio de la Policía de Tránsito― hay que sumarle una legislación que se empecina en ir en contravía de los tiempos. Un automóvil promedio de hoy puede desarrollar una velocidad de cien kilómetros por hora en menos de diez segundos, pero las alcaldías de las ciudades quieren que los conductores no excedan los cincuenta kilómetros por hora y las autoridades quieren que la velocidad en las carreteras nacionales (autopistas las llaman ellos) no sea superior a los ochenta kilómetros por hora. La situación es grave y perjudica los tiempos y los costos de todos los ciudadanos. A este paso nunca vamos a llegar al siglo XXI.
