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El mismo día en el que llegaba el comité de verificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un domingo, el Gobierno anunció que la institución de la Policía se sometería a un proceso de modernización.
El anuncio sorprendió a amigos y detractores del régimen pues hasta la víspera lo único que se había oído del Gobierno en declaraciones oficiales en medios de comunicación y en los reportes de sus entidades eran elogios a la labor esmerada y juiciosa que había hecho la institución en defensa de la ciudadanía, siguiendo los protocolos internacionales más estrictos.
También sorprendió el anuncio de la vicepresidenta el día siguiente: «Seguiremos en la tarea de lograr que los sufrimientos de Colombia queden atrás con un Estado más eficiente, transparente y 100% comprometido con DD. HH.», toda vez que en su viaje más reciente a los Estados Unidos, en calidad de canciller, dedicó sus esfuerzos a mostrar que una visita de la CIDH era en todo punto prescindible e innecesaria, pues los organismos policiales (ESMAD incluido) estaban actuando, en medio de las protestas, siguiendo todos los protocolos internacionales y respetando con escrúpulo los derechos humanos.
La reforma, en palabras del presidente de la República, anuncia: «Implementaremos estándares profesionales en temas como uso de la fuerza, DD. HH., atención al ciudadano y procedimientos policiales». Lo que permite colegir que esos estándares (tan defendidos en días previos) no existen al interior de la institución. Pero hay más: un cambio importante en el uniforme de los policías. La explicación va muy en línea con los análisis, las posturas y la manera en la que entiende el acto de dirigir un país el actual partido de gobierno: «La Policía de Colombia adoptará uniforme azul, alineándose a [sic] estándares internacionales de cuerpos de Policía, reforzando su naturaleza civil. Se incorpora color azul un atributo de [sic] transmite empatía, cortesía, tranquilidad y confianza para la ciudadanía». Como si un maquillaje bastara para volver a ganar la confianza de una ciudadanía que ha conocido los excesos en carne propia o a través de los videos reveladores que han circulado por todas las redes sociales.
Los informes más serios y fidedignos (es decir, aquellos que no provienen del Gobierno) hablan de 1.649 detenciones arbitrarias, 1.248 víctimas de violencia física, 45 homicidios (29 casos adicionales se encuentran en proceso de verificación), 25 víctimas de violencia sexual y 65 personas con daños oculares entre el 28 de abril y el 31 de mayo¹.
Los videos que han circulado por las redes dejan ver un cuerpo policial muy distinto del que ha retratado el Gobierno y muy distinto también del que ellos imaginan: dejan ver grupos de uniformados agrediendo a civiles inermes, agentes del ESMAD disparando a los cuerpos de los manifestantes, oficiales de la Policía junto a civiles que de manera impune disparan sus armas de fuego a sus conciudadanos, y un triste etcétera. A la luz de estos atropellos puede entonces aventurarse la hipótesis de que no basta con maquillar a los policías y con cambiarles el uniforme. Hay que revisar estas anomalías con mayor profundidad.
¹ Las cifras son de la organización no gubernamental Temblores.
