Terminando el primer semestre del año se han cometido cuarenta y cinco masacres en Colombia. Tan sólo en el primer trimestre del año se presentaron más de tres mil homicidios en el país.
Sería deseable que un tema tan doloroso fuera el centro de la actual campaña presidencial. Sería deseable que en medio de esta campaña, que está resultando tan superficial y tan vana, hicieran los candidatos un alto en el camino y comprendieran la gravedad del asunto. Que se comprometieran a preservar la vida, que es sagrada, o que debiera serlo.
Cuando hay vida es posible enmendar yerros, corregir el camino, volver a empezar. Por eso la labor principal del Estado, de todo Estado, es la de preservar la vida de sus ciudadanos. Y todas las demás labores ―la defensa de la propiedad, la administración de los recursos, el impartir justicia, el establecimiento de un ordenamiento jurídico justo― resultan ancilares con respecto a este hecho fundamental de toda organización en sociedad: la vida de una persona. En nada beneficia un ordenamiento jurídico óptimo ni una administración de justicia eficiente ni una defensa gallarda de la propiedad privada a quien asesinaron ayer.
Es verdad que todos los otros temas que se han resaltado en las campañas resultan importantes y son dicientes de la realidad nacional: la corrupción, el ambiente, la economía, el desempleo... Pero todos ellos, por supuesto, tienen sentido en cualquier país sólo en la medida en que se garantiza, en primerísimo lugar, la vida de los ciudadanos. Por esta razón todos los teóricos de la filosofía política de la Modernidad (Hobbes, Locke, Spinoza, Pascal, Maquiavelo…) se muestran unánimes en proclamar la paz como fundamento último del Estado y como su razón de ser. La paz, es decir, el respeto por la vida de las personas.
A estas alturas, entonces, no basta con hacer cumplir el acuerdo de paz, le corresponde también al Estado negociar la paz con Eln y con los otros grupos insurgentes cuando sea posible; combatir los grupos paramilitares, las disidencias de las Farc y demás grupos guerrilleros cuando no se logre una paz negociada; enfrentar la delincuencia común, acabar con todas las modalidades de extorsión, abrir más cárceles, ser más efectivos en la aplicación de las leyes existentes y es necesario, por supuesto, crear mejores oportunidades para todos los niños y jóvenes, dar educación gratuita en condiciones dignas y con alimentación escolar para todas las personas, procurar un ambiente político y social en el que la vida de todos los ciudadanos sea en toda circunstancia una prioridad, y para lograrlo es preciso, entonces, poner todo el andamiaje del Estado en defensa de la vida de las personas.
Porque si Colombia no comprende esta verdad primordial ―que la vida es el fundamento último del Estado― pronto quizás no vuelva a tener una segunda oportunidad sobre la faz de la tierra.
Terminando el primer semestre del año se han cometido cuarenta y cinco masacres en Colombia. Tan sólo en el primer trimestre del año se presentaron más de tres mil homicidios en el país.
Sería deseable que un tema tan doloroso fuera el centro de la actual campaña presidencial. Sería deseable que en medio de esta campaña, que está resultando tan superficial y tan vana, hicieran los candidatos un alto en el camino y comprendieran la gravedad del asunto. Que se comprometieran a preservar la vida, que es sagrada, o que debiera serlo.
Cuando hay vida es posible enmendar yerros, corregir el camino, volver a empezar. Por eso la labor principal del Estado, de todo Estado, es la de preservar la vida de sus ciudadanos. Y todas las demás labores ―la defensa de la propiedad, la administración de los recursos, el impartir justicia, el establecimiento de un ordenamiento jurídico justo― resultan ancilares con respecto a este hecho fundamental de toda organización en sociedad: la vida de una persona. En nada beneficia un ordenamiento jurídico óptimo ni una administración de justicia eficiente ni una defensa gallarda de la propiedad privada a quien asesinaron ayer.
Es verdad que todos los otros temas que se han resaltado en las campañas resultan importantes y son dicientes de la realidad nacional: la corrupción, el ambiente, la economía, el desempleo... Pero todos ellos, por supuesto, tienen sentido en cualquier país sólo en la medida en que se garantiza, en primerísimo lugar, la vida de los ciudadanos. Por esta razón todos los teóricos de la filosofía política de la Modernidad (Hobbes, Locke, Spinoza, Pascal, Maquiavelo…) se muestran unánimes en proclamar la paz como fundamento último del Estado y como su razón de ser. La paz, es decir, el respeto por la vida de las personas.
A estas alturas, entonces, no basta con hacer cumplir el acuerdo de paz, le corresponde también al Estado negociar la paz con Eln y con los otros grupos insurgentes cuando sea posible; combatir los grupos paramilitares, las disidencias de las Farc y demás grupos guerrilleros cuando no se logre una paz negociada; enfrentar la delincuencia común, acabar con todas las modalidades de extorsión, abrir más cárceles, ser más efectivos en la aplicación de las leyes existentes y es necesario, por supuesto, crear mejores oportunidades para todos los niños y jóvenes, dar educación gratuita en condiciones dignas y con alimentación escolar para todas las personas, procurar un ambiente político y social en el que la vida de todos los ciudadanos sea en toda circunstancia una prioridad, y para lograrlo es preciso, entonces, poner todo el andamiaje del Estado en defensa de la vida de las personas.
Porque si Colombia no comprende esta verdad primordial ―que la vida es el fundamento último del Estado― pronto quizás no vuelva a tener una segunda oportunidad sobre la faz de la tierra.