Asombra que al término de su período presidencial Iván Duque tenga 8% de aprobación de su gestión. Y no se explica uno dónde persiste ese ocho por ciento. En algún grupo familiar de WhatsApp, sin duda.
Las elecciones del domingo traerán un nuevo presidente de la República y son muchas las tareas importantes que tiene que atender. Dos son las más urgentes, a mi juicio. La defensa de la vida, como intenté explicar en mi columna anterior (Primero la vida) y el restablecimiento de la institucionalidad.
Vida aparte, quizás el mayor lastre que deja el paso del uribismo por el poder, en especial en su segundo y su tercer período (es decir, la segunda presidencia de Álvaro Uribe y la subpresidencia de Iván Duque, para decirlo con una expresión de Ramiro Bejarano que hizo carrera) es haber minado de manera sistemática y con cierta eficacia la institucionalidad.
Validos de artimañas y “jugaditas” para doblegar la ley cuando no podían quebrarla o saltársela, tenemos hoy un país demediado y una institucionalidad resquebrajada.
Aún retumban con dolor en la memoria de la nación los mal llamados “falsos positivos” que arrebataron de sus hogares las vidas de tantos inocentes con la excusa vil de que “no estarían recogiendo café”; aún recuerda el país la manera grosera en la que quisieron tramitar en el Congreso la segunda reelección de Álvaro Uribe; duelen aún los casos de corrupción, llevados hasta la ignominia de robar las comidas escolares.
Son cientos los ejemplos y no es menester atiborrar la página con casos que están en la memoria de todos. Pero, con todo, quizás lo más grave ―de nuevo, vida de los ciudadanos aparte― haya sido el haber cooptado todos los entes de control que históricamente habían servido al Estado colombiano, con todas las limitaciones que el lector pueda imaginar, para ejercer veeduría, contrapeso y control. Una Contraloría en manos de un bachiller que obtuvo su grado de abogado y su título de doctorado en dos años y medio [sic.]; una procuradora dedicada a ejercer control sobre todos los funcionarios que no militaran en el partido político de mando; un fiscal ―el mejor amigo del presidente de la República― que sólo daba trámite y celeridad a los procesos que eran de su interés (o el de su partido).
Ese fue el legado de tantos años de uribismo en el poder. No extraña entonces la desconfianza que sienten los ciudadanos frente al Estado y frente a los entes de gobierno que dicen representarlos. De manera que una de las tareas más urgentes es recobrar la institucionalidad, volver a construir instituciones en la que todos los colombianos ―más allá de su orientación política, sexual o religiosa― se sientan incluidos. Unas instituciones en las que todos los colombianos sean y se sientan respetados. Parece poco, pero como el daño fue grande no lo es.
Asombra que al término de su período presidencial Iván Duque tenga 8% de aprobación de su gestión. Y no se explica uno dónde persiste ese ocho por ciento. En algún grupo familiar de WhatsApp, sin duda.
Las elecciones del domingo traerán un nuevo presidente de la República y son muchas las tareas importantes que tiene que atender. Dos son las más urgentes, a mi juicio. La defensa de la vida, como intenté explicar en mi columna anterior (Primero la vida) y el restablecimiento de la institucionalidad.
Vida aparte, quizás el mayor lastre que deja el paso del uribismo por el poder, en especial en su segundo y su tercer período (es decir, la segunda presidencia de Álvaro Uribe y la subpresidencia de Iván Duque, para decirlo con una expresión de Ramiro Bejarano que hizo carrera) es haber minado de manera sistemática y con cierta eficacia la institucionalidad.
Validos de artimañas y “jugaditas” para doblegar la ley cuando no podían quebrarla o saltársela, tenemos hoy un país demediado y una institucionalidad resquebrajada.
Aún retumban con dolor en la memoria de la nación los mal llamados “falsos positivos” que arrebataron de sus hogares las vidas de tantos inocentes con la excusa vil de que “no estarían recogiendo café”; aún recuerda el país la manera grosera en la que quisieron tramitar en el Congreso la segunda reelección de Álvaro Uribe; duelen aún los casos de corrupción, llevados hasta la ignominia de robar las comidas escolares.
Son cientos los ejemplos y no es menester atiborrar la página con casos que están en la memoria de todos. Pero, con todo, quizás lo más grave ―de nuevo, vida de los ciudadanos aparte― haya sido el haber cooptado todos los entes de control que históricamente habían servido al Estado colombiano, con todas las limitaciones que el lector pueda imaginar, para ejercer veeduría, contrapeso y control. Una Contraloría en manos de un bachiller que obtuvo su grado de abogado y su título de doctorado en dos años y medio [sic.]; una procuradora dedicada a ejercer control sobre todos los funcionarios que no militaran en el partido político de mando; un fiscal ―el mejor amigo del presidente de la República― que sólo daba trámite y celeridad a los procesos que eran de su interés (o el de su partido).
Ese fue el legado de tantos años de uribismo en el poder. No extraña entonces la desconfianza que sienten los ciudadanos frente al Estado y frente a los entes de gobierno que dicen representarlos. De manera que una de las tareas más urgentes es recobrar la institucionalidad, volver a construir instituciones en la que todos los colombianos ―más allá de su orientación política, sexual o religiosa― se sientan incluidos. Unas instituciones en las que todos los colombianos sean y se sientan respetados. Parece poco, pero como el daño fue grande no lo es.