Los niveles de inseguridad del país han obligado a los ciudadanos a parapetar sus predios con rejas, vallas y concertinas que afean el paisaje urbano y que marcan una distinción clara entre los inmuebles privados y el espacio público.
La incapacidad del Estado, sin embargo, no se limita a no poder garantizar la seguridad de los ciudadanos, sino que también se ha hecho patente en su laxitud y su desidia a la hora de defender el espacio público, de donde se derivan problemáticas tan onerosas para el país como la apropiación indebida de terrenos baldíos o, cuando se conjugan ambas incapacidades, el expolio de tierras de trabajadores y campesinos que, tras actividades de chantaje o de extorsión, terminan en manos de agiotistas, narcotraficantes, urbanistas piratas, etcétera.
Esta doble carencia ha dado como resultado un descuido enorme del espacio público, cuando no un franco desprecio, y ha hecho que tal espacio se haya ido construyendo en contraposición al espacio privado y no como su interlocutor y su correlato, como debe ser.
El descuido del espacio público se materializa de muchas maneras: la basura en las calles, el abandono de los monumentos públicos, de los parques y de las plazas, el poco espacio de andenes (o su inexistencia) para el tránsito y el disfrute de los peatones y, además, la inseguridad en los distintos barrios de las ciudades que hace difícil o peligroso, en ocasiones hasta imposible, aprovechar estos espacios.
Es tarea del Gobierno nacional y de los gobiernos locales y departamentales construir un espacio público adecuado a las necesidades vitales de sus ciudadanos y recuperar el existente. La tarea, sin embargo, no es sencilla; acaso todavía recuerden los colombianos la cruzada que hubo de enfrentar Enrique Peñalosa, el entonces alcalde de Bogotá, cuando quiso recuperar muchos espacios públicos de la ciudad que, por un descuido histórico del gobierno distrital y por un abuso sin medida de muchos ciudadanos, estaban en el abandono o en manos de privados. Fue preciso enfrentar las voces de protesta de buena parte de la población, el lobby de muchos urbanistas y constructores y hasta la presión y la mala prensa de no pocos medios de comunicación. Fue una tarea durísima que de seguro supuso un esfuerzo ingente de parte del alcalde y que le costó mucho en términos de gobernabilidad y hasta de favorabilidad en su imagen. Pero a juzgar por la cara que desde entonces comenzó a tener Bogotá sabemos que valió la pena.
