El consabido lema del gremio de los taxistas en Bogotá —“yo por allá no voy”— desde hace un tiempo comenzó a usarlo también otra institución del país: la Policía Nacional. Preocupados los vecinos del barrio Quinta Camacho de Bogotá por la inseguridad del sector, se reunieron hace unos días con representantes de la Alcaldía Mayor de Bogotá y con una concejal del Distrito en una audiencia pública del Concejo de la ciudad. Estaban convocados también la Secretaría Distrital del Gobierno, la Alcaldía Local de Chapinero, la Policía Metropolitana de Bogotá, el comandante del cuadrante y otras entidades competentes.
Las quejas ya se sabían, las de siempre: atracos en el sector, robos a casas residenciales y a negocios comerciales, ocupación de viviendas por parte de indigentes, iluminación deficiente en el barrio, falta de apoyo y de respuesta por parte del cuerpo de policías de la ciudad, y un triste y largo etcétera de inseguridad ciudadana y de desidia institucional. A esas quejas que las autoridades conocen y que se habían puesto por escrito con antelación respondieron los representantes del distrito con un informe, muy general y más bien modesto, por no decir que bastante pobre, sobre los programas de seguridad en los que está trabajando la Alcaldía de Bogotá.
La reunión tuvo lugar en un salón de la Cámara de Comercio en su sede de Chapinero. El salón, sin embargo, no lo quiso prestar la Cámara de Comercio, y fue preciso arrendarlo, como si el problema de seguridad no fuera con ellos; siguiendo, eso sí, su vocación de darles la espalda a los ciudadanos y a las empresas del sector.
Pero con todo, lo más grave es que a la reunión no asistió ningún representante de la Policía Nacional. Ni uno solo. Ni siquiera mandaron al policía de turno que estaba en el CAI del barrio.
Las quejas en relación con la falta de compromiso de la Policía no pudieron ser más lamentables: sostuvieron los asistentes a la reunión que los policías no acudían a las llamadas de los ciudadanos, que aun yendo a buscarlos muchas veces se negaban a ir al lugar que se les indicaba, arguyendo que no podían hacer nada. Y se suma a ello que las ocasiones en que se logra apresar a los delincuentes, quedan de nuevo en las calles por falta de pruebas o por tratase de delitos considerados menores, aunque cuando están en riesgo la seguridad y la vida de los ciudadanos ningún delito debiera considerarse menor.
Aunque el panorama era grave y preocupante —y por eso se organizó la reunión de vecinos—, y aunque se hizo una citación por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá y del Concejo Distrital, la Policía se negó a asistir a la audiencia pública. La situación de seguridad es grave en la ciudad, lo sabemos, pero la actitud de la Policía causa desconcierto, y es, además, reveladora del desamparo que sufre la ciudadanía por causa de la desidia institucional. En efecto, haciendo alarde de su nuevo lema, nadie vino por acá.
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