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Desde hace semanas anunció el Gobierno nacional su tercera reforma tributaria en lo que va corrido de su mandato. Sí, el mismo Gobierno que en tiempos de campaña tenía como lema «menos impuestos, mejores salarios».
Es verdad que el actual Gobierno, tan dado a los eufemismos, no la llamó «reforma tributaria», sino «proyecto de transformación social solidaria». No extraña el apodo, pues a la primera reforma tributaria la bautizaron «Ley de financiamiento» y a la segunda, «Ley de crecimiento económico». Sí, tres en tres años del Gobierno que prometió bajar los impuestos.
Pero no sólo indigna el número de reformas tributarias, sino las pretensiones de la misma. Aspira el Gobierno con su «transformación social solidaria» gravar con IVA los bienes de la canasta familiar.
Con esta tercera reforma tributaria pretende recaudar $25 billones. Parte de la necesidad de los recursos proviene de las eventualidades que la pandemia ha ocasionado. Aunque también es cierto, como han advertido tantos economistas en los últimos tiempos, que buena parte del déficit obedece a concesiones inmensas que hizo el Gobierno central a ciertos sectores empresariales y a las zonas francas en anteriores reformas tributarias.
Dejando de lado el hecho –absurdo desde donde se le mire– de querer gastarse $14 billones en la compra de aviones de guerra, se pregunta uno si no habrá, quizás, otra manera de recabar los fondos que dice necesitar el Gobierno. Y viene a la memoria la promesa del entonces candidato presidencial de combatir la corrupción en todos sus frentes. Llegó a afirmar en su campaña a la Presidencia que «cuando entren dineros oscuros, la sanción no es al gerente de la campaña, sino al candidato mismo, que debe responder yendo a la cárcel por su responsabilidad».
Según estimaciones de la Contraloría General de la República, el Estado pierde alrededor de $50 billones cada año por causa de la corrupción. El doble de lo que dice necesitar el Gobierno hoy. Pero combatir la corrupción parece difícil; habría que tener equipos competentes en las entidades de control, personas idóneas liderando un cambio en los procedimientos burocráticos y de contratación, técnicos capacitados y una ciudadanía cada vez más educada. Gravar con IVA los productos de la canasta familiar, en cambio, es fácil, y apenas si hay que trabajar para conseguirlo; basta con ganar el voto de algunos congresistas. Ya sabe el lector cuál de las dos reformas escogió el Gobierno actual.
El otro camino sí constituiría una verdadera transformación social, que haría solidarios a la mayoría de colombianos, si es cierto, como suele decirse, que los buenos somos más. Y, con ella, podría además el Gobierno, ahora sí sin vergüenza, ponerle el nombre que quisiera, sin herir, esta vez, la inteligencia y la economía de los colombianos.
