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¿Hasta cuándo?

Juan Felipe Carrillo Gáfaro

17 de noviembre de 2020 - 11:14 a. m.

Hace pocos días, trabajando un artículo sobre educación para la paz en Colombia, llegamos a la conclusión con unas compañeras de lo importante que han sido los líderes sociales en medio de un proceso enlodado por decisiones políticas. Así como sucede en Francia con la intromisión del Estado en la educación temiendo todo el tiempo que los credos religiosos tomen la delantera, en Colombia ha sido imposible tener cambios significativos en materia de educación para la paz porque, en el fondo, la educación se politiza cada día más (como bien lo explicó Héctor Abad Faciolince en relación con la vida).

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Esta politización y desinterés por educar para la paz, los cuales se hicieron más evidentes con la llegada de Duque, se forjaron durante el segundo mandato de Santos y la llegada de Gina Parody al Ministerio de Educación Nacional. Parody, apoyada en la absurda lógica de “lo que se hizo antes no vale”, fue enterrando con cierta arrogancia y falsa tecnocracia un proceso iniciado por la ministra Cecilia María Vélez, cuya continuidad fue garantizada durante un buen tiempo por la ministra María Fernanda Campo y en particular por la viceministra de educación superior Patricia Martínez. Y aunque en la época de Vélez se hablaba más de guerra, sí se empezaba a vislumbrar un interés particular por examinar la educación desde la diversidad, uno de los pilares de la educación para la paz.

Lo que Parody fue liquidando como quien cierra una tienda de barrio, el gobierno Duque le ha ido dando pequeñas estocadas a punta del eufemismo “paz con seguridad y legalidad”. Con el tiempo, se ha ido abandonando la idea de implementar en las instituciones educativas, principalmente de educación básica y media, una cátedra para la paz como lo establece la ley 1732 de 2014 y el decreto 1038 de 2015.

Si algo queda de esa intención de educar a los niños colombianos en temas como aprender a transformar los conflictos de manera no violenta, buscar mecanismos pedagógicos para conocer mejor nuestra historia, y promover iniciativas en pro de entender lo que significa la reconciliación y el perdón, ha sido gracias a las instituciones no gubernamentales, a las agencias de cooperación internacional, a ciertos medios (como lo está haciendo por ejemplo El Espectador) y a los defensores de los Derechos Humanos y líderes sociales.

En particular, no podemos dejar de hacernos todos los días la misma pregunta sobre lo que está pasando con estos últimos: ¿Hasta cuándo? Según Indepaz, 1.000 personas fueron asesinadas desde la firma de los acuerdos de paz entre noviembre de 2016 y finales de agosto de 2020. Hasta la fecha no parece haber una solución contundente para no sólo protegerlos como se debe, sino también valorar el trabajo de muchos de ellos como verdaderos agentes de educación para la paz.

La silenciosa impunidad en la que vivimos es sólo una muestra más de cómo a nuestros gobernantes, de izquierda y de derecha, no les interesa que aprendamos como sociedad a vivir en paz y mucho menos los procesos educativos relacionados con ese aprendizaje. El hecho de que no se esté protegiendo a los líderes sociales en sus actividades cotidianas y pedagógicas es una prueba de la educación que tenemos en Colombia hoy en día y de la equívoca visión que se tiene de la educación de calidad.

En lugar de tomar como base de la “calidad” la formación de seres humanos íntegros, respetuosos de lo público y dispuestos a vivir en armonía, seguimos en la lógica de la competitividad, de pasar por encima del otro, de andar mirando las cifras como si detrás de ellas no hubiera personas de verdad. Si se nos sigue educando desde esa lógica, y si los gobiernos van imponiendo lo que se debe enseñar (como sucede hoy en día con el Centro de Memoria Histórica) es normal que la educación para la paz desde la institucionalidad no tenga mucho sentido y que no exista interés alguno en proteger a aquellos que están asumiendo esa tarea so pena de perder la vida.

¿Qué tan alta debe ser la cifra de muertos para que se tomen las medidas correspondientes? ¿Qué tal si en la discursiva del gobierno se empezara a valorar ese trabajo como parte fundamental de un país que necesita aprender a vivir en paz? Después no hay que asombrarse cuando las personas estrellan a alguien y se vuelan, cuando las golpizas entre jóvenes de colegio rozan con la muerte, cuando los militares violan a una niña indígena haciendo “respetar” la patria. Al carajo esa falta de voluntad política para que se genere un cambio de verdad.

@jfcarrillog

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