La muerte de un niño

La reciente noticia sobre la muerte de un niño de la comunidad emberá en el parque Nacional debería causar escozor. Sin embargo, como muchas de las cosas que pasan en Colombia, pareciera solo tratarse de una información más, de una de esas noticias a las que nos hemos acostumbrado desde tiempos inmemoriales.

La noticia de por sí da mucha rabia porque es un símbolo de nuestro descuadernado y desastrado país. La comunidad lleva algo más de dos meses en el parque en condiciones extremas por culpa de los problemas de siempre y la tragedia permanece ahí a la vuelta de la esquina. La muerte de un niño de una comunidad desplazada en la capital de un país debería levantar todas las alarmas y movilizar toda una serie de actores para que, desde la indignación y el profundo dolor, se actúe con firmeza y así cese la horrible noche.

Según uno de los líderes de las comunidades indígenas, se le solicitó al distrito estar atento a esta situación. El distrito a su vez contestó que desde hace más de cinco semanas se le había propuesto a esta comunidad el traslado al parque la Florida donde las condiciones parecen ser mejores. Luego empieza ese enjambre de tira y afloja de quién responde por esa muerte, de quién tiene la culpa, de quién dejó de hacer su trabajo. Y así, todos los responsables empiezan a echarse el agua sucia logrando que nadie responda por nada y sugiriendo, de manera enigmática, como lo expresa el secretario de salud, que no fue fácil trasladar al menor porque la familia no dejaba. Para completar, el director de la Unidad de Víctimas manifiesta que no ha existido una voluntad de la comunidad para cooperar.

No parece muy claro en qué contexto exacto estos funcionarios han manifestado estos propósitos y no creo que se les pueda dar el beneficio de la duda. Sin embargo, una cosa parece clara y es que no se puede acusar a las víctimas de lo que está pasando. Es la típica estrategia de quinta utilizada para tapar los errores que se han podido cometer en algún momento. Lo único que resulta evidente es que todos son responsables de lo que razonablemente la concejal Nelly Mosquera ha llamado “indolencia”. Esta última, con cierta lógica, intenta arrinconar en exclusiva a la directora del ICBF, pero la verdad es que la responsabilidad es compartida y al menos alguno de esos servidores públicos debería reconocerlo.

Los pueblos indígenas de Colombia han sufrido como pocos los efectos del conflicto armado y el narcotráfico. La muerte de un niño indígena es la prueba fehaciente de este desastre. ¿Si esto ha pasado en Bogotá, qué estará pasando en las zonas rurales? Y eso que aún resuena la violación de la niña indígena del pueblo emberá chamí a manos de ese maldito grupo de militares desgraciados (por no decir otra cosa) el año pasado. Estamos en un país donde no dan ganas de sonreír, donde no se puede aceptar que esto siga sucediendo, donde las personas que nos representan deberían tomar esto en serio.

Desde hace un buen tiempo, desde que Duque perdió el control de su gobierno (si es que lo tuvo), el país huele mal. Tenemos los enredos y peleas propias de las elecciones, los gritos y trampas de la representante Jennifer Arias, la creciente violencia y descontrol propios del narcotráfico, los estragos de la pandemia, la ausencia de líderes. Tenemos a una sociedad que lee noticias como la muerte de un niño y pasa rápido la página del periódico para llegar a los deportes como si no fuera nada. Hay que ponerle un freno a esta catástrofe. Ha muerto un niño colombiano frente a los ojos de todos por falta de atención y en lugar de buscar los mecanismos para que no se repita, se culpa a la familia, se buscan excusas, se mira para otro lado. Y hasta aquí esta columna… país de mierda…

@jfcarrillog