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Si te dicen que me fuí

Juan Francisco Ortega
16 de julio de 2015 - 04:44 a. m.
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El sábado 11 de julio de 2015, un señor llamado Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, se fugó de la prisión más moderna y segura de México.

El nombre oficial del centro penitenciario es Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) pero nadie lo llama así. En México, el recinto es conocido con el apodo del "Altiplano". El prófugo, cual personaje de novela o película carcelaria, escapó por un túnel. Nada de helicópteros, ataques armados, asaltos violentos. En un alarde de clasicismo se fue por un túnel que sus muchachos le construyeron hasta su celda.

El prófugo es, nada más y nada menos, que el jefe del cártel de Sinaloa, una de las mayores organizaciones de tráfico de drogas del mundo. Y dicho esto así, sencillamente, no se entiende el alcance. Sin embargo, si se dice que esta organización, conforme a datos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, obtiene beneficios que oscilan entre los 19 mil a 39 mil millones de dólares al año sólo por la exportación de droga al vecino del norte, la cosa cambia. La revista Forbes, por su lado, que en esto del dinero suele tener bueno ojo, calcula la fortuna personal de El Chapo en apenas unos lánguidos y austeros 1000 millones de dólares.

La fuga no pudo ser más sencilla, mejor planeada y mejor ejecutada. En las proximidades del “Altiplano”, pocos días después del ingreso en prisión de El Chapo, comenzó a construirse una pequeña casa desde cuyo interior, y con una ingeniería precisa, se emprendió la construcción del túnel. Y aquí comienza lo fascinante. El túnel tiene 1,5 kilómetros de largo y está dotado de electricidad, ventilación y un riel presuntamente adaptado para la extracción de tierra. Es una obra de ingeniería perfecta que, para su ejecución, requirió de los planos de la prisión; unos planos que oficialmente son secretos. Además, fue necesario remover y transportar grandes cantidades de tierra. Igualmente, para la construcción del túnel en el tiempo realizado –apenas año y medio- tuvo que ser necesario el empleo de perforadoras neumáticas y/o rotomartillos, herramientas especializadas en excavación que son sumamente ruidosas, entre 200 y 400 decibelios. Sin embargo, nadie vio ni oyó nada.

Mucho más increíble es el tiempo que tardaron entre el conocimiento de la fuga y su comunicación a las autoridades con capacidad para comenzar a perseguir al fugado: casi cuatro horas. Me lo explicó con claridad, hace unos días, una autoridad de aquel país: “El tiempo no fue ni mucho poco, sólo el necesario”. El necesario para que pudiera escapar con tranquilidad, para que nos entendamos.

¿Cuánto costó la fuga? Según los expertos, sólo el túnel, alrededor de un millón de pesos mexicanos, poco menos de cien mil dólares. A ello, hay que añadir los sobornos a un número considerable de policías y funcionarios. En los medios se dice que tuvieron que corromper a muchos. No creo que tantos. Cuarenta, quizá cincuenta. Póngase en la piel de unos de los policías –cuyo sueldo es de 893 dólares mensuales- y, por no ver u oír, les ofrecen medio millón de dólares: por poner una cantidad excesiva y generosa. Apenas unos 250 millones de dólares, una cantidad que para el cartel de Sinaloa no llega a ser ni el pelo de un gato. Me lo decía un policía en el corazón del DF: “Si me lo ofrecieran, lo aceptaría. No es sólo dinero. Es la educación, salud y el bienestar garantizado de mis hijos y mis nietos. ¿No aceptarlo por qué? ¿Para proteger a un Estado al que no le importo una chingada?”

Y este es el punto crucial de la historia. Sociedades profundamente corruptas cuya corrupción nace, entre otras causas pero de manera prevalente, de una desigualdad extrema. Mientras unos tengan todo y otros no tengan nada, la corrupción y este tipo de situaciones será insalvable. No en vano, los países menos corruptos son también los menos desiguales. Un reto, la superación de la desigualdad, que afecta a toda Latinoamérica. México es un ejemplo destacado. Colombia es el otro.

Juan Francisco Ortega Díaz es Profesor de Planta y Director del Grupo de Estudios de Derecho de la Competencia de la Universidad de los Andes.

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