La Procuraduría General de la Nación quisiera ver penalizada la fecundación de óvulos humanos con fines científicos o terapéuticos. En Colombia hay una ley que excluye esas prácticas de sanción penal, y la Procuraduría ha pedido que se declare su inconstitucionalidad. Leo el argumento: “Permitir la procreación y posterior utilización, manipulación o destrucción de seres humanos en favor de otros contradice abruptamente la dignidad humana, pues se le da un tratamiento instrumental a la vida”. Al mismo tiempo, leo en este periódico una noticia de dos páginas —“Viacrucis de una bebé”— sobre una pareja que quiso abortar cuando se enteró de un diagnóstico que condenaría a su niña a una vida de sufrimiento físico y moral. Dicen los padres, según el artículo, que la clínica a la que acudieron alegó “objeción de conciencia” para no practicar el aborto; cita el artículo una valoración de especialistas que al parecer emitió la clínica involucrada. “La patología que se identificó en la bebé”, dice la valoración, “era compatible con la vida”.
Las dos noticias forman parte del mismo debate: la intromisión del dogma católico en el ordenamiento jurídico de un país que, pobre de él, sigue creyéndose laico. Son debates complejos, y es imposible, en el reducido espacio de una columna, hacer justicia a la cantidad de zonas grises, de incertidumbres morales y de situaciones humanas que abarcan; pero no parece, justamente, que la Procuraduría se esfuerce demasiado por respetar esa complejidad, esas incertidumbres morales y esas zonas grises. (De hecho, la Procuraduría ha dado sobradas muestras de su capacidad para la simplificación y el maniqueísmo cada vez que se trata de un asunto donde el Vaticano haya dado su opinión). Por poner un ejemplo entre miles: en la penalización de la investigación con óvulos fecundados entra la clonación, una posibilidad científica ambigua y llena de conflictos sobre la cual es necesario un debate intenso; pero entra también la reproducción asistida, que ha permitido a parejas estériles tener hijos sanos y que, salvo si el razonamiento está contaminado por el dogma, es moralmente irreprochable. Pues bien, la Iglesia (y también la Procuraduría: habrá que ver si en ciertos casos hay alguna diferencia) condena las dos actividades por igual.
Confrontadas, las dos noticias de que hablo en el principio de esta columna acaban denunciando la hipocresía —y también algo más simple: la inconsistencia— de los argumentos de la Procuraduría. Para esa institución, la investigación científica que podrá darle a una pareja un hijo deseado va contra la dignidad humana, pero no le parece indigno obligar a otra pareja y a su niña a llevar una vida de sufrimiento físico y moral. Mucho cacarea la Procuraduría con la defensa de la Constitución, pero al mismo tiempo ha convertido la objeción de conciencia en la primacía efectiva de la superstición sobre la ley. La Procuraduría se ha dedicado a invitar a los ciudadanos (ya sean médicos o notarios) a violar el ordenamiento amparados en sus creencias. Y sí, puede que eso cause sufrimiento o tristeza y aun penurias económicas, pero no importa. Importa la idea abstracta del dogma católico, que desde hace años forma parte, aunque usted no lo sepa, del ordenamiento jurídico colombiano.
