Desregular para invertir, producir y exportar

Colombia ha perdido importantes oportunidades para convertir sus ventajas económicas comparativas en competitivas. La más importante de todas es su biodiversidad regional. El apoyo gubernamental a la clase media empresarial, que representa el 99 % de las empresas, la libre competencia, con un Estado eficiente en el recaudo fiscal y un nuevo gobierno que inicie un proceso bien orientado de desregulación, simplificación del estatuto tributario e incentivos al fortalecimiento del tejido productivo.

Uno de los mayores obstáculos que enfrentan los empresarios y emprendedores es la excesiva burocracia: trámites innecesarios, un estatuto tributario que parece un nido de anzuelos y papeleo que dificultan el hacer negocios. Desregular y eliminar estas barreras es esencial para fomentar el crecimiento productivo y la formalización empresarial en el país.

Los trámites burocráticos en Colombia son reconocidos por engorrosos, innecesarios muchos, complejos y prolongados. La cantidad de permisos, licencias y documentos que se requieren para iniciar y operar un negocio es abrumadora y un caldo de cultivo para la corrupción. Los inversionistas y emprendedores se desalientan. Este exceso de trámites es una camisa de fuerza para el sector productivo y promueve la informalidad. Las MIPYMES optan por operar al margen de la ley y el papeleo.

¿Cómo desregular? La simplificación de los procedimientos administrativos es fundamental. Esto significa revisar y eliminar trámites innecesarios, IA para automatizar procesos y reducir el tiempo de respuesta de las entidades gubernamentales. Ventanillas únicas digitales pueden facilitar la interacción entre empresarios y el Estado, reduciendo costos y tiempos asociados a los trámites.

Es necesario, además, establecer un mecanismo de revisión periódica de las regulaciones existentes para asegurar que sean pertinentes en proteger al consumidor y no generen cargas innecesarias. Esta revisión debe involucrar a actores del sector privado para identificar las normativas que realmente obstaculizan el crecimiento empresarial.

La corrupción se alimenta de burocracia, tramitomanía y regulación innecesaria. Es uno de los mayores enemigos de la eficiencia administrativa. Mejorar la transparencia en los procesos y procedimientos gubernamentales reduce el riesgo de corrupción y agiliza los trámites. La digitalización de servicios, como el caso de Estonia y su portafolio ciudadano.

El costo de hacer negocios en Colombia es elevado en comparación con otros países de la región. Reducir estos costos es necesario para atraer inversiones y fomentar el crecimiento empresarial.

Ofrecer incentivos fiscales a las nuevas empresas alivia la carga financiera inicial y estimula la formalización. Estos incentivos deben incluir exenciones o reducciones de impuestos para mujeres y jóvenes en los primeros seis años del “valle de la muerte”.

Mejorar el acceso a financiamiento para pequeñas y medianas empresas es, con la seguridad jurídica, lo más importante. Esto se logra con Fintech y la creación de programas de crédito con condiciones favorables con garantías estatales.

Invertir en infraestructura y mejorar la logística reduce significativamente los costos operativos para las empresas. Un sistema de conectividad con puertos, red terciaria, transporte eficiente y moderno es esencial para mover bienes y servicios.

La consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades indígenas y afrodescendientes en Colombia, pero la falta de una regulación estatutaria clara ha creado obstáculos para proyectos importantes, como la estratégica extracción de gas en el Caribe. Promulgar una ley estatutaria que regule el proceso de consulta previa y establezca plazos y procedimientos específicos proporcionará certeza jurídica tanto a las comunidades como a los inversionistas.

Involucrar a las comunidades desde las etapas iniciales de los proyectos para asegurar que sus intereses, participación y preocupaciones sean considerados y respetados. Establecer en la legislación mecanismos eficaces y expeditos de resolución de conflictos para abordar disputas que puedan surgir durante el proceso de consulta previa.

Desregular y eliminar la burocracia innecesaria es el aliciente para impulsar el crecimiento del sector productivo en Colombia. Reducir el costo de hacer negocios y avanzar en la regulación de la consulta previa son pasos básicos para un entorno favorable para la inversión y el desarrollo económico democrático.