La reciente declaración de un paro armado en el departamento del Chocó exacerbó una situación ya crítica en una región que lucha contra las devastadoras inundaciones. Este paro, promovido por el ELN, una organización criminal ligada al narcotráfico y a la minería criminal de oro, tiene a la población en una emergencia humanitaria, aumentando la necesidad de intervención inmediata y sostenida tanto del gobierno como de la sociedad civil.
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Primero y más importante, la comunidad nacional e internacional debe unirse en una muestra de solidaridad con el Chocó. Las donaciones de alimentos, ropa, medicamentos y agua potable son urgentes para las familias afectadas por las inundaciones. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las agencias de ayuda humanitaria pueden coordinar estos esfuerzos para garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan. Además, es fundamental el apoyo psicológico para los afectados por la violencia y la crisis ambiental.
Para lograr una transformación del Chocó, es requisito tener programas sociales de choque que aborden las causas estructurales de la vulnerabilidad en el Chocó. En el corto plazo, es necesario establecer centros temporales de albergue, educación y atención médica que puedan atender a la población desplazada por las inundaciones y la violencia.
A mediano plazo, se deben materializar programas de desarrollo económico regenerativo que ofrezcan alternativas a la minería criminal y al narcotráfico. La promoción de la agricultura regenerativa y la pesca responsable, así como la inversión en infraestructura social básica como vías terciarias, puentes y sistemas de saneamiento, son cruciales para mejorar la calidad de vida y reducir la dependencia de actividades ilícitas.
La educación también es vital en la transformación del Chocó. La construcción de escuelas y la capacitación de maestros pueden brindar a los jóvenes del Chocó las herramientas necesarias para construir un futuro mejor. Es indispensable fomentar la participación comunitaria y la organización de las mujeres y los jóvenes; ellos son agentes de cambio dentro de sus propias comunidades.
Para recuperar el control territorial del Chocó, el gobierno debe poner en marcha una estrategia integral de seguridad que incluya tanto la presencia militar como la acción policial. Sin embargo, esta presencia debe ser acompañada por un énfasis en los derechos humanos y la construcción de confianza con la comunidad local. La erradicación de cultivos ilícitos debe ir acompañada de programas de sustitución de cultivos y apoyo económico para asegurar que los campesinos tengan opciones viables.
Además, es vital desmantelar las redes de minería criminal. Para ello se necesita un monitoreo riguroso de las actividades mineras y la colaboración con organismos internacionales que puedan proporcionar tecnología y experiencia para combatir la minería criminal.
El gobierno también debe fortalecer las instituciones locales, asegurando que las autoridades regionales y municipales tengan los recursos y la capacitación necesarios para gestionar eficazmente sus territorios. Hoy los alcaldes del Chocó están abandonados por el gobierno Petro. La corrupción, que a menudo permite la proliferación de actividades delictivas, debe ser combatida con determinación y transparencia.
El Chocó enfrenta una convergencia de crisis humanitaria, ambiental y de seguridad que requiere una respuesta coordinada y multifacética. Solo a través de la solidaridad, de programas sociales sostenibles y medidas de seguridad efectivas, se podrá devolver la esperanza y la paz a esta región olvidada.
Por Juan Manuel Galán Pachón
