Gas off

La crisis mundial de gas puso en evidencia la fragilidad de la política energética global, y Colombia no es una excepción. La ausencia de una política energética del actual gobierno, que garantice soberanía y seguridad en el suministro, deja al país en una posición muy vulnerable, especialmente frente a los desafíos globales actuales. El gobierno no tomará medidas para asegurar que su ideología deje de estar por encima del interés vital nacional. Es decir, un suministro energético estable y asequible para su población.

El reciente incremento del 36 % en las tarifas de gas tendrá un impacto profundo y duradero en la economía colombiana, especialmente en la clase media y la población más vulnerable. Para la clase media, este aumento representa una carga adicional en sus apretados presupuestos, lo que reducirá el consumo y la inversión en otros sectores de la economía. Para la población más vulnerable, el incremento significa el dilema entre cubrir sus necesidades básicas o caer en una situación de pobreza energética, donde la falta de acceso a energía asequible y confiable limita su calidad de vida y sus oportunidades de desarrollo.

El actual gobierno no reconoce la urgencia de establecer una política energética coherente que aborde las necesidades inmediatas del país y garantice la soberanía y seguridad energética a mediano y largo plazo. El próximo gobierno debe tomar medidas para activar la exploración y explotación de recursos nacionales. Además, incentivar la inversión en energías renovables y tecnologías sostenibles.

El nuevo gobierno deberá reactivar los yacimientos de gas offshore en el Caribe colombiano, Gorgón y Uchuva, que actualmente están paralizados. Estos yacimientos tienen el potencial de proveer una fuente significativa de gas natural, para reducir la dependencia de importaciones y contribuir a la estabilidad del suministro interno.

La reactivación de estos proyectos necesita que el gobierno se articule y trabaje con las empresas energéticas. De esa forma se pueden ofrecer condiciones atractivas y claras que incentiven la inversión. Esto debe incluir la reducción de trabas burocráticas, la concesión de permisos de explotación de manera más ágil y la creación de un marco regulatorio que ofrezca seguridad jurídica a los inversionistas.

Además de los yacimientos offshore, el gobierno debe incentivar la exploración y explotación de nuevos recursos en tierra firme. Esto diversifica las fuentes de suministro, crea empleo y desarrollo económico en las regiones productoras. El fomento de campañas de exploración geológica y la modernización de la infraestructura existente son pasos necesarios para alcanzar estos objetivos.

Paralelamente a la explotación de recursos fósiles, es crucial que Colombia impulse el desarrollo de energías renovables. La diversificación de la matriz energética no solo contribuye a la sostenibilidad ambiental, sino que también fortalece la seguridad energética del país. Inversiones en energía solar, eólica y biomasa deben ser parte integral de la estrategia energética nacional, acompañadas de políticas que faciliten la adopción de estas tecnologías tanto a nivel industrial como doméstico.

La crisis mundial de gas es un llamado de atención para Colombia. La falta de una política energética robusta y la dependencia de recursos importados dejan al país en una situación precaria. El gobierno está equivocado en importar gasolina venezolana y gas. Establecer semejante dependencia del régimen autocrático de Maduro es un grave error por la pérdida de soberanía energética, el impacto económico, los riesgos políticos y los problemas de infraestructura.